Una causa caída que la jueza se niega a soltar
La causa contra el empresario japonés Hiroyuki Maruyama, que ya había sido desmantelada por el propio Ministerio Público, sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner en el centro de la escena a la jueza de Capitán Bado, Vivian Marina Quiñónez Vargas.
A pesar de que la Fiscalía concluyó que “los hechos punibles no existieron” y solicitó el sobreseimiento definitivo, la magistrada se opuso a cerrar el caso durante la audiencia preliminar recientemente realizada, prolongando un expediente que desde hace tiempo carece de sustento penal. La situación fue expuesta en un análisis periodístico difundido por el periodista Juanki Lezcano (Ver en X) y en un recorte del programa Al Que Madruga, de 1000 TV, conducido por Juanki Lezcano y Héctor Alegre, donde se aborda el caso.
A continuación, el video:
El caso, que ya arrastraba una serie de irregularidades, hoy se sostiene únicamente por la insistencia judicial.
Una audiencia que no cambió nada
Finalmente, la audiencia preliminar se llevó a cabo tras reiteradas dilaciones. La defensa incluso debió presentar dos urgimientos denunciando retardo de justicia, ante la falta de resolución dentro del plazo legal.
La causa —identificada como N° 5-1-2-1-2022-5754— tiene como objeto la ratificación del sobreseimiento definitivo solicitado por el Ministerio Público, en el marco del proceso por supuesta estafa y alteración de datos.
Sin embargo, lejos de encaminar el cierre del proceso, la jueza Vivian Marina Quiñónez Vargas decidió oponerse al pedido fiscal, en un movimiento que generó sorpresa incluso dentro del propio ámbito judicial.
El origen: una denuncia que nunca cerró
El caso se remonta a julio de 2022, cuando la firma Skyhash Paraguay S.A., dedicada a la minería de criptomonedas, denunció a la empresa japonesa Susteen Inc., representada por Hiroyuki Maruyama y Hikaru Yokomizo.
Según el relato del denunciante, existía un acuerdo para el hospedaje y operación de máquinas de minería, que habría derivado en una deuda de USD 339.978, correspondiente a servicios de energía y mantenimiento.
El punto central de la acusación fue que Hikaru Yokomizo habría entregado ese dinero en efectivo en las oficinas de la empresa, pero posteriormente lo habría retirado y abandonado el lugar, generando un supuesto perjuicio económico.
Esa versión fue la base sobre la cual se construyó toda la imputación.
Una imputación que se cayó sola
La causa fue impulsada inicialmente por la fiscal Stella Marys Cano, quien imputó a ambos ciudadanos japoneses sin contar con pruebas que acreditaran los hechos denunciados.
Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, los propios elementos del expediente comenzaron a desmoronar la acusación.
Uno de los datos más contundentes fue el informe oficial de Migraciones, que confirmó que Hiroyuki Maruyama no registra ingreso alguno al Paraguay. Nunca estuvo en el país.
A esto se sumó la aparición de un contrato formal entre las partes, firmado en Tokio en diciembre de 2021, que establecía que cualquier conflicto debía resolverse en tribunales japoneses, desmintiendo la versión de un acuerdo verbal.
Además, las facturas presentadas por la empresa denunciante no fueron registradas ante la administración tributaria, y no existe evidencia de ingreso de dinero en efectivo al país que respalde el episodio central denunciado.
Con todos estos elementos, la propia Fiscalía concluyó que no hubo engaño, ni perjuicio patrimonial, ni conducta penalmente relevante, y que el caso correspondía, en todo caso, al ámbito civil.
El intento de cambiar al fiscal
Pese a ese escenario, durante la audiencia preliminar la jueza Vivian Marina Quiñónez Vargas introdujo un nuevo elemento de controversia: pretendió que el dictamen sea emitido por el fiscal adjunto de Amambay, Rossetti, a pesar de que el caso correspondía al fiscal adjunto Augusto Salas Coronel.
La maniobra no prosperó.
Finalmente, fue Augusto Salas Coronel quien intervino y el Ministerio Público ratificó el sobreseimiento definitivo, sosteniendo nuevamente que los hechos investigados no constituyen delito.
Una causa sostenida contra toda lógica
A pesar de que la propia acusación penal se desmoronó, la jueza Vivian Marina Quiñónez Vargas decidió no acompañar el criterio fiscal y mantener viva la causa.
El proceso avanzó incluso con antecedentes que ya habían sido duramente cuestionados: notificaciones enviadas a direcciones incorrectas, intentos de declarar la rebeldía de los imputados y la negativa a permitir comparecencias telemáticas.
En ese contexto, la audiencia definitiva fue fijada para el 6 de mayo, obligando a Hikaru Yokomizo a viajar hasta Paraguay para presentarse en una causa que ya había sido descartada por el Ministerio Público.
Una señal preocupante
El caso Maruyama dejó de ser solo un expediente judicial.
Se convirtió en un ejemplo concreto de cómo una causa sin sustento puede seguir avanzando por decisiones que se apartan de la evidencia y del propio criterio del órgano acusador.
Cuando la Fiscalía afirma que no hubo delito, pero el proceso continúa, la discusión deja de ser jurídica y pasa a ser institucional.
¿Por qué una causa que ya cayó sigue en pie?
La respuesta, por ahora, sigue dependiendo de una sola decisión.
¿Qué opinás sobre que una jueza mantenga abierta una causa que la Fiscalía ya descartó? ⚖️💬
Sumate a nuestro canal de WhatsApp para seguir casos judiciales que generan debate institucional.
