Dimisiones de jueces y fiscales imputados se multiplican
En los últimos meses, la renuncia se convirtió en una salida recurrente para jueces y fiscales que enfrentan imputaciones o procesos disciplinarios por presuntos hechos de corrupción. La tendencia generó debate dentro del sistema judicial paraguayo, ya que muchos magistrados dejan el cargo mientras las investigaciones siguen en curso.
La Corte Suprema de Justicia suele aceptar estas dimisiones, aunque deja constancia de que se presentan mientras existen procesos abiertos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) o investigaciones penales. Según especialistas, la renuncia no frena las causas judiciales, pero sí evita que el magistrado sea removido formalmente por mal desempeño.
El caso reciente de la ex fiscala Stella Mary Cano
Uno de los episodios más recientes es el de la ex fiscala Stella Mary Cano, imputada por presunta persecución de inocentes. La denuncia fue presentada por un estilista italiano que afirmó haber sido detenido con el objetivo de entregar bienes de su empresa valuados en G. 700 millones.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la orden de detención había sido firmada por la entonces agente fiscal. Tras ser desaforada por el JEM, Cano presentó su renuncia indeclinable, que posteriormente fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia.
El caso se suma a una serie de dimisiones ocurridas en el último año dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Coimas y favores judiciales bajo investigación
A finales de 2025 también renunció el entonces fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre, imputado por supuestamente solicitar dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave.
Según la investigación, se habría concretado la entrega de G. 7 millones durante una operación vigilada. El dinero habría sido solicitado al procesado Mauricio Soel Méndez Gómez mediante mensajes enviados por WhatsApp.
Otro caso que derivó en la salida de una magistrada fue el de la entonces jueza de Lambaré Isabel Bracho, imputada por presuntamente recibir USD 50.000 del procesado por narcotráfico Walter Galindo.
Tras hacerse público el proceso, la magistrada presentó su renuncia. El caso había generado cuestionamientos dentro del ámbito judicial por el presunto intento de favorecer a un acusado.
La “mafia de pagarés” y otras renuncias
Las dimisiones también alcanzaron a magistrados vinculados a la investigación conocida como la “mafia de los pagarés”.
En ese esquema, tres jueces de Paz decidieron dejar sus cargos tras ser imputados y quedar bajo sospecha de integrar la estructura investigada. Se trata de Liliana González de Bristot y Víctor Nilo Rodríguez, ambos de Asunción, y Norma Ortiz, de Luque.
Los tres ya se encontraban suspendidos por la Corte Suprema y sometidos a procesos ante el JEM cuando optaron por renunciar.
Otro antecedente es el de la ex fiscala Ana Girala, quien dejó el Ministerio Público en 2023 y actualmente enfrenta juicio oral y público por presunto cohecho pasivo agravado, tras ser acusada de pedir dinero para favorecer a procesados en distintas causas.
El antecedente del caso “Lalo Gomes”
En 2025 también renunciaron las ex juezas de Sentencia Carmen Silva y Ana Aguirre, luego de que se difundieran conversaciones con el diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Según los antecedentes, los chats revelarían un supuesto intercambio de dinero para evitar investigaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Ambas magistradas integraron el tribunal que absolvió y liberó a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, acusado por el homicidio del periodista Leo Veras.
El criterio que aplica la Corte Suprema
El máximo tribunal suele aceptar las renuncias de magistrados incluso cuando estos enfrentan procesos disciplinarios o investigaciones penales.
El abogado Guillermo Ferreiro explicó que no se puede impedir que un magistrado dimita, especialmente cuando busca acogerse a la jubilación tras cumplir los años de servicio requeridos.
No obstante, indicó que la renuncia evita que el funcionario quede con el antecedente administrativo de haber sido destituido por mal desempeño de funciones. A pesar de ello, aclaró que “la causa penal debe continuar”.
Un caso en el que la renuncia fue rechazada
En los últimos años solo se registró un caso en el que la Corte Suprema de Justicia rechazó inicialmente la dimisión de una magistrada.
Se trató de la entonces jueza de Ejecución Penal María de Lourdes Scura, cuestionada por haber concedido prisión domiciliaria a un condenado.
La Corte remitió sus antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público en el marco de una causa vinculada a la Caja de Jubilaciones del Personal de Itaipú Binacional. Posteriormente, el máximo tribunal terminó aceptando su renuncia.
En paralelo a estos casos, también se registraron numerosas dimisiones de fiscales y jueces por motivos distintos a la corrupción, principalmente vinculados a modificaciones en la Ley de la Caja Fiscal.
Según datos del ámbito judicial, alrededor de 200 magistrados ya cuentan con resoluciones de jubilación, mientras que otros 200 estarían tramitando el mismo proceso.
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Administrativos, una vez firmada la resolución de conformidad de la Caja de Jub. y Pensiones, ya no corre. Si una denuncia penal con las evidencias necesarias, lo que suspenderia el beneficio otorgado administrativamente por la Caja, por el principio Constitucional.