Ejecutivo recurre al factoraje por deuda con constructoras
Gobierno activa ley de Abdo por deuda con constructoras
El Gobierno propone aplicar la ley 6542 de factoraje, aprobada durante la administración de Mario Abdo Benítez, para evitar que las constructoras frenen la obra pública. La deuda con el sector alcanza unos USD 370 millones.
Representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MOPC para buscar una salida.
Deuda certificada y pagos incumplidos
La deuda certificada del Estado asciende a USD 250 millones. A esto se suman cerca de USD 120 millones en intereses contractuales, elevando el total estimado a USD 370 millones.
En el encuentro participaron el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra del MOPC, Claudia Centurión.
“Lo primero que hay que señalar es que los desembolsos comprometidos no se están cumpliendo. Se anunciaron pagos que no se realizaron en los plazos prometidos, y ese incumplimiento es hoy el principal problema del sector”, afirmó a LPO José Luis Heisecke, presidente de Capaco.
Cómo funciona el factoraje
El factoring o factoraje permite a una empresa transferir sus cuentas por cobrar a un banco para obtener liquidez inmediata. A cambio, recibe entre el 80% y el 90% del valor de las facturas.
El mecanismo ya fue utilizado en la era Abdo. En su momento fue cuestionado por el actual ministro, quien ahora recurre a esa herramienta ante la falta de fondos.
Desde Capaco insisten en una solución que regularice pagos y evite la paralización de obras en ejecución.
Riesgo para empleo e inversión
Gremios y autoridades coinciden en la necesidad de preservar el empleo en la construcción. El sector es clave para la infraestructura y la actividad económica.
“Mientras no se regularice la deuda por certificados y no se reconozcan los intereses contractuales, el riesgo es que el parate de obras se profundice, se pierdan miles de empleos y se comprometa la continuidad de proyectos estratégicos. Sin un plan de pagos claro y cumplible, este año será de fuerte retracción de la inversión pública y del empleo en la construcción”, advirtió Heisecke.
El Ejecutivo también promulgó el decreto 5441, que reglamenta la ley 7452. La norma establece un nuevo marco de articulación público-privada en infraestructura.
¿Cómo impactaría una eventual paralización de la obra pública en el empleo y la inversión? 💰🏗️
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