El juez ordenó el encierro durante la audiencia
El juez de feria Humberto Otazú dictó este jueves la prisión preventiva para dos exfuncionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), imputados por el presunto desvío de G. 1.100 millones de la entidad estatal.
La decisión se adoptó durante la audiencia de imposición de medidas cautelares, realizada en la mañana del 30 de enero de 2026, tras el pedido formulado por el Ministerio Público.
Los afectados por la medida son Osmar Cañete Roa, ex gerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, ex funcionario del Departamento de Tesorería de Copaco. Ambos se presentaron acompañados por sus defensores.
Delitos atribuidos a los exfuncionarios
La Fiscalía imputó a Cañete Roa y Valdez Centurión por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, instigación de alteración de datos, producción de documento no auténtico y alteración de datos.
El pedido de prisión preventiva fue realizado por las fiscales Laura Giacummo y Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes consideraron que existían elementos suficientes para justificar el encierro preventivo de ambos procesados.
Para un tercer imputado, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Un tercer imputado y audiencia pendiente
El tercer imputado en la causa es Víctor Marcelo Jacquet Pintos, también funcionario de Copaco. En su caso, el juzgado fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares para el 10 de febrero, a las 10:30.
Hasta tanto se celebre dicha diligencia, el magistrado no resolvió medidas de coerción personal en su contra.
El esquema investigado por la Fiscalía
Según la imputación fiscal, los procesados habrían aprovechado los cargos que ocupaban y el acceso que estos les otorgaban tanto al sistema informático administrativo y contable interno de Copaco —denominado SAF— como a las cuentas corrientes del ente en diversas entidades bancarias.
De acuerdo con la investigación, habrían simulado pagos a proveedores autorizados por la comisión directiva, mediante transferencias realizadas a través del sistema Sipap. Sin embargo, parte de esos fondos habría sido redirigida a cuentas personales de los propios funcionarios.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían implementado un mecanismo para simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales, cuando en realidad los recursos eran derivados a cuentas particulares de ellos mismos y de terceros.
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