Caso ESSAP: Fiscalía impulsa cierre definitivo por G. 17.590 millones
La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de 34 procesados en la causa que investigó un presunto perjuicio patrimonial en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) por G. 17.590.321.286. El requerimiento sostiene que, tras más de siete años de investigación, no se acreditó daño económico concreto.
Pedido fiscal y alcance del sobreseimiento
La fiscala Elena Fiore pidió el cierre definitivo del proceso seguido por lesión de confianza contra el expresidente de la ESSAP Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra y otros 33 imputados. El planteamiento se apoya en pericias contables y testimonios que, según el Ministerio Público, no demostraron un resultado patrimonial negativo para la empresa estatal.
El caso se abrió por el uso de anticipos de fondos a rendir durante 2015 y el primer semestre de 2016, período en el que Sarubbi presidió la ESSAP (enero de 2015 a junio de 2016). La imputación inicial cuestionó la autorización de órdenes de pago y cheques para compras y servicios mediante ese mecanismo.
Denuncia de origen y hechos investigados
La denuncia fue presentada por Lea Giménez, entonces ministra de Hacienda y presidenta del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), con patrocinio del Abogado del Tesoro. La hipótesis original afirmó que los anticipos superaron reiteradamente los límites legales, citando un tope de hasta 20 jornales mínimos por adquisición, equivalente a G. 1.403.120 conforme a la Ley N.° 2051/03.
Según la plataforma fáctica, los pedidos internos eran calificados como “urgentes”, lo que habría permitido sortear controles ordinarios. Con el avance de la investigación, la Fiscalía revisó su criterio: en una etapa previa sostuvo que no correspondía el sobreseimiento e incluso solicitó la reapertura por supuestos nuevos elementos. El requerimiento actual, sin embargo, cambia la postura.
Pericias, proveedores y criterio sobre el daño
En el escrito, Fiore indicó que proveedores confirmaron ventas a la ESSAP en 2015 y 2016 y que se emitieron las facturas correspondientes. Ese extremo fue incorporado como respaldo documental.
Además, se citó un informe pericial de la Dirección de Laboratorios Forenses del Ministerio Público, que analizó los ejercicios 2015 y enero–junio de 2016. El dictamen concluyó que no hubo inconsistencias ni observaciones contables que invaliden las operaciones examinadas.
Con base en esos elementos, la Fiscalía afirmó que no existió perjuicio patrimonial para la ESSAP. Aunque reconoció irregularidades administrativas —anticipos por encima de límites— sostuvo que no alcanzan relevancia penal al no acreditarse daño económico concreto, requisito del tipo de lesión de confianza. El pedido invoca, además, los artículos 351 y 359 del Código Procesal Penal, por falta de nuevas pruebas útiles.
Aprobaciones, falencias administrativas y nómina de procesados
El requerimiento también destacó que órdenes de pago, cheques y anticipos fueron aprobados en Asamblea General Ordinaria de accionistas, conforme al Acta N.° 62. Asimismo, señaló que no existieron objeciones externas que acrediten daño pecuniario, citando a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).
La Fiscalía describió negligencia administrativa y debilidades de control interno, además de una práctica consuetudinaria de uso de anticipos para atender emergencias del servicio. La causa abarcó a funcionarios, gerentes, asesores y administradores vinculados al circuito de anticipos y rendiciones.
En el núcleo financiero figuran Ricardo Adolfo Brítez González, Fernando Jhoni Báez Santacruz, Jorge Adolfo Wilka Tapiero, Luis Alberto Ramón Suárez González y Oscar Amado Méndez Bueno. En el área operativa se citan Pánfilo Humberto Samaniego Oviedo y Miguel Ángel Quinto Vera, además de Juan Celso López Ibarra, Emiliano Coronel Méndez y Néstor Pablo Roa Casco. También se incluyó a responsables de contrataciones, control y seguridad, como Roberto Rojas Aquino y Osmar Ramón Osorio Kreitmayr.
El pedido de sobreseimiento definitivo alcanza a los 34 procesados. El fallo aún no fue dictado: el requerimiento quedó a estudio del juzgado, que deberá resolver si hace lugar al cierre definitivo de la causa.
🔗 RDN – Fiscalía solicita el cierre definitivo de la causa por lesión de confianza en ESSAP por G. 17.590 millones
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