Decisión clave sacude el debate sobre pagarés
La unanimidad alcanzada por la Cámara de Diputados reconfiguró el escenario político alrededor de la llamada mafia de los pagarés, un esquema que dejó miles de víctimas y expuso graves fallas institucionales. La sanción del proyecto que suspende embargos generó alivio, presión al Poder Ejecutivo y un renovado cuestionamiento al rol de la Corte Suprema de Justicia.
Un apoyo unánime que marca un giro político
Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y procesos de cobro de guaraníes vinculados al esquema de los pagarés fraudulentos. La propuesta ya fue remitida al Poder Ejecutivo, que deberá promulgar o vetar la iniciativa.
La ley permitiría restablecer o anular expedientes utilizados en juicios de ejecución fraguados, con los que se estafó a miles de personas mediante pagarés de deudas ya saldadas o inexistentes. El esquema involucraba a funcionarios judiciales —jueces, ujieres— y abogados de empresas de cobranzas que simularon procesos para ejecutar bienes de forma irregular.
Un alivio parcial para las víctimas
Aunque la normativa solo alcanzará aproximadamente al 50% de las víctimas, la coordinadora del grupo celebró la decisión legislativa. El impacto político del voto unánime fue inmediato.
“Con mucha alegría, con mucha esperanza no esperábamos la unanimidad, pero eso nos da ya una muy buena esperanza de que esto se pueda promulgar rápidamente”, afirmó Pedro Coronel, una de las víctimas más activas.
El referente sostuvo que la votación demuestra que “cuando el pueblo organizado plantea, ilustra y llega, puede llegar a la conciencia de las autoridades”.
Presión hacia la Corte y el pedido de juicio político
El alivio legislativo no frenó las exigencias de fondo. Las víctimas sostienen que los ministros de la Corte Suprema de Justicia deben afrontar un juicio político, al ser la instancia que —según el grupo— permitió la continuidad del esquema.
“Hay que trabajar también por el juicio político si corresponde y creemos nosotros que corresponde eso, porque la mafia no puede seguir”, señaló Coronel.
Aseguró que la ley sancionada confirma la existencia del entramado:
“Hay datos contundentes que demuestran todo eso, pero ahora ya una ley lo dice y lo reglamenta para que se pueda aliviar”.
Una estructura que exigen desmantelar
La coordinadora insistió en que aún existen proyectos pendientes y decisiones institucionales que deben tomarse para evitar que el esquema se repita. También remarcaron la necesidad de anular expedientes “inexistentes” o “irregulares” que todavía sostienen embargos activos.
Coronel fue categórico al describir el contexto en el que surgió esta legislación:
“Va a ayudar a que se pueda suspender los embargos… pero como estamos en un sistema judicial corrupto, dominado por la mafia, no se hace eso. Entonces es necesaria una ley explícita taxativa que ordene la suspensión”.
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