Fuerte división en la Corte marca el caso Bracho

El pleno de la Corte Suprema de Justicia suspendió, con goce del sueldo básico, a la jueza Isabel Bracho, imputada por presunto cohecho pasivo agravado y otros hechos presuntamente cometidos para beneficiar al supuesto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. La decisión reveló una profunda división interna entre los ministros.

Imputaciones graves y pedido inicial de suspensión

A solicitud del ministro Eugenio Jiménez Rolón, la Corte debatió la situación de la jueza Bracho tras su imputación por parte del fiscal Néstor Coronel. La acusación señala que habría recibido USD 50.000 para favorecer a Walter Galindo durante su proceso penal, con presuntas intervenciones irregulares de su actuaria judicial. La imputación incluye cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y realización de hechos punibles por funcionarios.

Pruebas que sustentan la causa penal

La imputación presentada por el Ministerio Público detalla actas y providencias presuntamente irregulares emitidas en ausencia del procesado, así como documentos firmados solo por la actuaria. Se mencionan escuchas telefónicas que evidenciarían negociaciones para otorgar beneficios indebidos, informes médicos presuntamente falsificados y actuaciones que derivaron en fallos favorables para Galindo pese a una orden de captura vigente. También se investiga el rol de la exfiscala Egidia Gómez, imputada por supuestas gestiones para sustituir tres paquetes de cocaína por bicarbonato.

Tensión interna y fuerte choque de criterios

El debate en la Corte se volvió uno de los más tensos del año. El ministro Víctor Ríos cuestionó la medida: sostuvo que una imputación no debe asumirse como un hecho incontrovertible y advirtió sobre la necesidad de oír a la magistrada antes de suspenderla. Señaló que la presunción de inocencia debía regirse con rigor, advirtiendo que “no se puede tratar la imputación como una verdad sagrada, bíblica”.
Jiménez Rolón, Ramírez Candia, Garay y Benítez Riera defendieron la urgencia de la suspensión, insistiendo en la gravedad de los hechos atribuidos y en la necesidad de una medida inmediata.

Votaciones divididas y decisión final por mayoría

La votación pasó por dos rondas. Un grupo de ministros propuso la suspensión sin goce de salario, otro defendió mantener el goce del sueldo básico y abrir un sumario administrativo. El desempate ocurrió gracias al voto doble del presidente César Diesel, inclinando la decisión hacia la suspensión con goce del salario básico. El juez Rodrigo Ibarrola quedó designado para reemplazar a Bracho durante la medida. Paralelamente, el juez Humberto Otazú fue notificado sobre el pedido de desafuero y la continuidad del proceso penal en trámite.

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