Imputan a jueza por presunta coima para beneficiar a supuesto narco
La imputación contra la jueza Isabel Bracho, la exfiscala Egidia Gómez y la actuaria Ruth Ferreira expone una presunta maniobra para modificar medidas cautelares, manipular evidencias y otorgar beneficios al imputado Walter José Galindo Domínguez, investigado por narcotráfico y armas. La hipótesis fiscal menciona un pago de US$ 50.000 para asegurar el “blanqueo” del procesado.
Esquema de pagos y uso de dictamen forense
El fiscal Néstor Coronel imputó a la jueza Bracho; a la actuaria Ferreira; y a la exfiscala Egidia Gómez por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y otros hechos.
La investigación señala que entre mayo y diciembre de 2021 las funcionarias habrían favorecido al imputado Galindo mediante resoluciones y actos irregulares.
Según el acta, el 27 de mayo de 2021, la jueza Bracho y la actuaria Ferreira firmaron la providencia que ordenó la constitución de una médica forense en el lugar de reclusión de Galindo. Para el Ministerio Público, esto ocurrió después de recibir US$ 50.000, entregados a través del abogado del procesado.
El informe forense utilizado para modificar la prisión preventiva fue elaborado por la médica Ana Stael Alfonso Vera.
La foto incorporada al expediente muestra conclusiones donde se afirma que el paciente padecía patologías crónicas (hipertensión arterial crónica, rinitis alérgica, adenoma prostático), crisis hipertensiva moderada y síndrome coronario agudo.
El dictamen recomendaba reposo domiciliario, ambiente libre de estrés y contaminación, dieta estricta y asistencia permanente de terceros. Señalaba que “el penal no es un lugar apto” y que sus patologías podían significar un “riesgo de vida”.
Ese dictamen sirvió de fundamento para que, un día después, se fijara audiencia de revisión y se otorgara arresto domiciliario al imputado.
Manipulación de evidencias y nuevas medidas favorables
La hipótesis fiscal también describe la supuesta manipulación de evidencias: el cambio de paquetes de cocaína incautados por bicarbonato y la emisión de fallos con apariencia de legalidad.
En agosto de 2021, tras un pedido de permiso especial por salud, la jueza Bracho concedió autorizaciones para estudios médicos entre lunes y sábado, basándose nuevamente en informes cuestionados.
El expediente señala que se usaron documentos atribuidos al médico Carlos Cuevas y al Dr. Luis López, cuyo contenido no coincidía con lo que realmente constaba en la carpeta penal.
En setiembre, la jueza autorizó la desgrabación de teléfonos y notebooks incautados, presuntamente solo después de asegurarse —según la investigación— que los equipos no contenían evidencias incriminatorias contra Galindo.
Captura, rebeldía y salida del juzgado
El 11 de noviembre de 2021, Galindo compareció al juzgado pese a tener una orden de captura por violar arresto domiciliario.
La jueza Bracho y la actuaria Ferreira habrían permitido que abandonara el lugar sin medidas de coerción, aun con la orden vigente firmada por ellas mismas días antes.
El 2 de diciembre, la magistrada volvió a otorgar medidas menos gravosas. La actuaria dejó constancia de la ejecución en un acta firmada por Galindo y su defensa.
Sobreseimiento definitivo y cierre del caso
El 17 de diciembre de 2021, se realizó la audiencia preliminar. Según la imputación, la jueza Bracho facilitó el sobreseimiento definitivo aplicando criterio de oportunidad a favor del imputado, como parte del esquema vinculado al pago de US$ 50.000 y una supuesta promesa de más dinero.
El caso ya fue remitido al juez Humberto Otazú, quien deberá resolver si admite o no la causa penal.
🔗 Imputan a jueza y exfiscala por supuesta coima de US$ 50.000 para blanquear a presunto narco
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