El derrame que envenenó San Juan y sigue sin justicia
Una década después del mayor desastre minero-ambiental en la historia de Argentina, las comunidades de Jáchal y San Juan siguen sin acceso a agua limpia mientras Barrick Gold y Shandong Gold continúan operando con impunidad.
Diez años de un desastre que marcó a San Juan
En septiembre de 2015, la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, vertió 5 millones de litros de solución cianurada sobre la cuenca del río Jáchal.
El derrame contaminó al menos cinco cursos de agua, incluyendo el río Blanco y sus afluentes, esenciales para el consumo humano, el riego y la producción agrícola en un territorio semiárido.
De acuerdo con informes de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, el agua presenta niveles de arsénico, aluminio y manganeso superiores a los límites permitidos, generando un daño “irreversible” para la salud y el ambiente.
Las familias afectadas, desde entonces, se ven obligadas a comprar agua envasada para sobrevivir.
La verdad que las comunidades revelaron
La contaminación salió a la luz gracias a la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, que denunció el encubrimiento del hecho por parte de la empresa y del gobierno provincial de San Juan.
Una investigación posterior confirmó que el derrame ocurrió por una compuerta abierta que permitió el flujo del cianuro hacia los ríos.
“Fue un crimen ambiental silenciado”, denuncian desde la AAdeAA–CAJE, que representa judicialmente a las comunidades.
Veladero está ubicada en una zona periglacial, lo que constituye una violación directa a la Ley de Glaciares, norma que protege los ecosistemas hídricos de alta montaña. Pese a ello, la empresa ha intentado presionar para modificar o eliminar la ley, con apoyo de sectores políticos y judiciales.
Justicia lenta y un pacto de impunidad
La causa federal por el vertido avanzó hasta imputar a funcionarios nacionales por violar la Ley de Glaciares e incumplir sus deberes. Sin embargo, la jueza María Servini de Cubría permitió que el expediente se extendiera durante años y, finalmente, declaró prescripta la causa.
“El propio Poder Judicial garantizó la impunidad de la megaminería”, señaló la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que calificó el fallo como un “pacto de silencio” entre el poder político, la justicia y las corporaciones.
Desde 2015, se registraron otros cinco derrames en Veladero. Ninguno tuvo sanciones significativas. Mientras tanto, la compañía continúa extrayendo oro y generando pasivos ambientales, en una provincia donde abrir una canilla sigue siendo un acto de riesgo.
Un patrón que se repite en toda la cordillera
El caso de San Juan no es aislado. A lo largo de la cordillera andina, proyectos de megaminería como Pascua Lama (Chile–Argentina), Famatina (La Rioja) o Tía María (Perú) han provocado conflictos socioambientales, desplazamientos y contaminación.
En todos los casos, la promesa de desarrollo chocó con la realidad de ecosistemas destruidos y comunidades sin agua.
“Hace diez años dijimos que la megaminería no es desarrollo, y lo seguimos sosteniendo: es contaminación, corrupción y sacrificio de territorios”, reafirmó la AAdeAA–CAJE en su pronunciamiento público.
Exigen cierre y reparación ambiental
El colectivo jurídico y ambiental exige al Estado argentino y a las empresas responsables:
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Cierre definitivo de la mina Veladero.
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Remediación integral de la cuenca del Jáchal y de los ríos afectados.
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Juicio y castigo a los responsables políticos y empresariales.
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Cumplimiento estricto de la Ley de Glaciares y del derecho humano al agua.
Mientras tanto, en Jáchal, las familias siguen esperando que la justicia llegue antes de que el último cauce quede envenenado.
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