Corte suspende a 19 funcionarios por caso “mafia de los pagarés” en Luque
La Corte Suprema de Justicia suspendió a 19 funcionarios del Juzgado de Paz de Luque, junto con la jueza Norma Beatriz Ortiz, tras confirmarse graves irregularidades en una auditoría. La medida incluye a actuarios, ujieres y oficiales de justicia, implicados en el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
Entre los suspendidos están Elena Noemí Ojeda Duré, Raúl Ernesto Jara Foth, Adriana Yudith Flecha Roldán, Sergio Orué Sanabria, Rolando Britos Marín, Alma Villalba, Silvio César Mareco, Martha Ramírez, Cristian Amarilla Closs, Marcos Enciso Arias, Ignacio Franco Benítez, Mario Leguizamón, Willian Aquino Almirón, Máximo Lugo Jara, Víctor Ruiz González, Víctor Álvarez Torres, Heriberto Britos Mongelós y Víctor Encina Arce.
La Corte remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, ante la posible comisión de delitos similares a los ya investigados en los Juzgados de Paz de Asunción y Central.
Irregularidades detectadas por la auditoría
La auditoría del Poder Judicial revisó 1.604 expedientes y halló anomalías graves. Se detectaron violaciones a los artículos 16 y 17 de la Constitución, referentes a la defensa y el debido proceso, además de incumplimientos del Código Procesal Civil y del Código de Ética Judicial.
Los auditores constataron juicios que siguieron sin mandamientos de pago diligenciados, resoluciones sin fecha ni firma válida y procesos donde los demandados no fueron citados. El patrón coincide con otros casos en los que fiscales ya presentaron acusaciones por prevaricato y documentos falsos.
Fundamentos legales y faltas disciplinarias
El ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente judicial de Central, ordenó la auditoría el 5 de mayo de 2025. Con base en ese informe, la Corte consideró que la jueza Ortiz y su equipo incurrieron en faltas graves y leves, conforme a la Acordada N.º 1597/2021.
Se verificaron infracciones a los artículos 15, 25, 57, 106, 156, 162, 439, 460 y 461 del Código Procesal Civil, y al artículo 13 del Código de Ética Judicial.
Docentes entre las víctimas y red de complicidades
El informe subraya un dato sensible: todas las víctimas eran docentes, afectadas por juicios ejecutivos sin garantías. Los auditores mencionaron la participación de empresas y abogados que habrían actuado con el juzgado para sostener el esquema fraudulento.
La investigación sigue abierta. La Corte no descarta nuevas imputaciones penales por parte del Ministerio Público en las próximas semanas.
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