Denuncian pedido de cambiar informes psicológicos en causa de abuso infantil
Documentación que circula a través de la red social «X», indica que la fiscal Karen Chaparro habría solicitado a la psicóloga María Angélica del Puerto Maricevich la confección de un “nuevo informe” psicológico en una causa por abuso sexual infantil y presunta pornografía infantil. El punto sensible es que el segundo informe mantuvo la misma fecha (4 de diciembre de 2023) que el original, pero con menos páginas y sin apartados clave.
El documento inicial tenía siete páginas, con observaciones clínicas y la llamada “escala de valoración”. El presentado después solo tenía cuatro páginas, omitiendo esa escala y siete párrafos de resultados de pruebas psicológicas. La sospecha es que estos cambios favorecían a la imputada en el expediente.
Foco en la responsabilidad institucional
La denuncia no solo compromete a una fiscal de primera línea, sino que abre interrogantes directos sobre la Fiscalía General del Estado (FG) y los mecanismos de control internos. Surgen preguntas como: ¿Cómo se garantiza la autenticidad de una pericia? ¿Quién supervisa que un informe original no sea sustituido o reducido sin constancia formal?
En este punto, el señalamiento apunta a la falta de reacción del Fiscal General (Emiliano Rolón) y de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tiene a su cargo la recepción y registro de dictámenes. El silencio institucional profundiza la desconfianza en el Ministerio Público.
Lo que exige el proceso penal
La normativa es clara: cualquier modificación a un dictamen debe emitirse como addenda o ampliación, con fecha propia, fundamentación técnica y registro de ingreso. Retrofechar un documento o suprimir secciones sin acta compromete la cadena de custodia y expone al expediente a nulidades.
El control de estas prácticas recae en la Fiscalía General, que tiene potestad disciplinaria y administrativa. La ausencia de pronunciamientos en un caso de abuso infantil, donde la pericia psicológica es prueba esencial, representa una falla de supervisión grave.
Dimensión del problema
Entre enero y mayo de 2025, la Fiscalía registró más de 1.300 víctimas de abuso sexual infantil, un promedio de 8 a 9 casos por día. Cada dictamen psicológico es determinante para medidas cautelares y fallos judiciales. La sospecha de manipulación, sin respuesta institucional clara, golpea directamente la credibilidad del Ministerio Público.
¿Es aceptable que una fiscal pida rehacer un informe psicológico con la misma fecha que el original en un caso tan delicado?
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