Junta de Mallorquín denuncia al intendente Coronel por presunto nepotismo
El intendente de Juan León Mallorquín, abogado Elvio Coronel, fue denunciado por la Junta Municipal ante la Contraloría General de la República (CGR) por un presunto caso de nepotismo. El escrito, impulsado por el presidente de la Junta, Leandro Ramón Ovelar Viñales, afirma que al menos cuatro familiares directos del jefe comunal ocupan cargos en la institución.
Argumentos de la acusación
La denuncia sostiene que la contratación de estas personas violaría la normativa que prohíbe a las autoridades electas designar parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Ovelar indicó que la información fue verificada con documentación presupuestaria y administrativa interna, sin necesidad de solicitar informes al Ejecutivo, que en ocasiones anteriores no respondió a pedidos similares. Según el documento, entre los contratados figuran:
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Juana Coronel – Responsable de la Oficina de Adultos Mayores (prima).
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Lourdes Gayoso – Encargada de la Oficina de Administración y Finanzas (prima).
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Eva Daniela Coronel – Asesora jurídica (pariente directo).
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Ángela Figueredo Coronel – Comisionada en el Centro de Salud (pariente directo).
Respuesta del intendente
Coronel negó responsabilidad y aseguró que, en varios casos, los mismos ediles respaldaron los nombramientos de sus familiares. Sostuvo que la situación surge en un contexto marcado por el inicio de la carrera hacia las elecciones internas con miras a los comicios municipales.
Antecedente de auditoría
La denuncia llega poco después de que la CGR realizara una auditoría de cumplimiento sobre el ejercicio fiscal 2025, en el marco de la Resolución Nº 592/24. El informe incluyó un examen de ingresos y gastos de julio de 2024, tras denuncias de presunto uso indebido de fondos públicos.
Las observaciones detectadas motivaron un pedido de plan de mejoramiento institucional en un plazo de 30 días hábiles, con respaldo documental.
Próximos pasos
La Contraloría deberá evaluar los antecedentes y determinar si corresponde abrir una investigación administrativa. Ovelar remarcó que la medida busca “resguardar los intereses de la ciudadanía y exigir el cumplimiento estricto de las leyes que regulan la función pública”.
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