CDE: interventor denuncia irregularidades con fondos, combustible y caja chica
El interventor Ramón Ramírez reveló que de los 83.000 millones de guaraníes asignados a gastos de capital, más de 42 mil millones se destinaron a pagos corrientes como salarios y servicios.
Según señaló, esto vulnera las reglas presupuestarias que prohíben alterar el destino de estos recursos.
Anticipos para obras sin ejecución real
Se entregaron anticipos por 4.100 millones de guaraníes (el 20 % del contrato) para la construcción de cinco plazas.
No obstante, las obras no comenzaron: solo se observan vallas perimetrales.
“Por cuatro mil millones de guaraníes, las obras no están ni cerca de reflejar el monto ya desembolsado”, subrayó Ramírez.
Consumo excesivo de combustible institucional
El informe apunta a un uso desproporcionado de combustible: más de 60 000 litros al mes.
Un vehículo cargó 800 000 G (casi 100 l) para solo 51 kilómetros, según detectó el interventor.
También se hallaron tickets firmados por personas ajenas a la municipalidad, lo que sugiere un desvío sistemático con el apoyo de estaciones de servicio.
Caja chica usada fuera de regulación
Los fondos rotatorios (“caja chica”) debían usarse solo para gastos menores urgentes.
Sin embargo, se detectó su empleo para bocaditos y refrigerios en 22 dependencias municipales.
Ramírez ordenó la centralización del uso de caja chica en Finanzas y la suspensión inmediata de dispensas para otras áreas.
Ocultamiento de documentos y proceso en curso
Ramírez denunció el ocultamiento deliberado de documentos por parte de la administración local, lo cual busca frenar la investigación.
Aclaró que, pese a esto, el informe continuará y los datos serán remitidos a las autoridades judiciales correspondientes.
Respuesta de Concejales de Yo Creo
Los concejales Sebastián Martínez y Alison Anisimoff acusaron al interventor de difundir “datos imprecisos” y sostienen que el uso de vehículos particulares y combustible está regulado por una resolución administrativa vigente.
Aseguran que este tipo de cargas cuentan con respaldo desde la Contraloría, aprobado en 2019‑2020.
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