Corte administrativo expone deuda financiera y boicot en Ciudad del Este

Municipalidad de Ciudad del Este arrastra deuda de G. 108.000 millones y enfrenta boicot político

Municipalidad en crisis tras intervención y revelación financiera

El corte administrativo firmado el 25 de junio por el interventor Ramón Ramírez y el intendente suspendido Miguel Prieto Vallejos reveló que la Municipalidad de Ciudad del Este arrastra una deuda acumulada de G. 108.000 millones, mientras dispone de solo G. 16.800 millones en caja.

La intervención fue ordenada por el Ejecutivo el 23 de junio, y durante el procedimiento se evidenciaron graves inconsistencias entre los ingresos proyectados y los fondos realmente disponibles. El presupuesto vigente para 2025 asciende a G. 364.000 millones, de los cuales se ejecutaron cerca de G. 148.000 millones al corte de la auditoría.

Irregularidades y riesgo para el funcionamiento municipal

De los fondos disponibles, gran parte ya está comprometida. Según el interventor, existen obligaciones inmediatas por más de G. 27.000 millones, lo que representa una amenaza directa al funcionamiento municipal.

Entre estas deudas figuran G. 6.000 millones en salarios impagos correspondientes al mes de mayo, lo que afecta al 63% del personal. Además, la comuna debe transferencias pendientes por G. 7.800 millones al Ministerio de Economía y Finanzas, además de obligaciones con IPS y entidades bancarias por otros G. 12.000 millones.

Tensión política y maniobras dilatorias

Previo a la firma del corte administrativo, el intendente suspendido ordenó licencias masivas al personal municipal, medida que el interventor calificó como una estrategia de boicot. Esto derivó en un colapso temporal del tránsito por la ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito.

Asimismo, Ramírez denunció trabas de la Junta Municipal, donde concejales afines a Prieto evitaron por horas el inicio del procedimiento oficial. Recién al día siguiente, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, se concretó el corte y se reactivó la administración interventora.


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