El juez Otazú ordena nueva fecha tras queja de falta de acceso a evidencia clave
El juez Humberto Otazú aceptó el recurso presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de Iara Guinsel Costa. Se suspendió la audiencia, prevista para el 6 de junio de 2025, hasta que puedan revisar el contenido de un pendrive con grabación del procedimiento de incautación del 4 de diciembre de 2024.
El dispositivo, una SanDisk Ultra Fit de 16 GB, contiene imágenes del registro del vehículo, mochila y evidencias. La defensa reclamó que sin este material no pueden ejercer plenamente sus derechos procesales establecidos en los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal.
Recurso de reposición y argumentos formales
Los abogados Juan Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett presentaron el recurso, señalando:
“La prueba ofrecida por el Ministerio Público … causa agravio a su defendido por la omisión de control jurisdiccional”
También mencionaron que la exhibición previa del pendrive no fue formal ni completa, lo que vulnera el debido proceso y la defensa técnica.
Contrapunto del Ministerio Público
El Ministerio Público, por su parte, aseguró que sí entregó el pendrive durante la indagatoria y en esta instancia. Añadió que no se presentaron solicitudes formales para obtener copias del dispositivo, y señaló que “la prueba … ha sido puesto a disposición de los procesados antes de la acusación”.
Fallos judiciales y nueva fecha
El juez Otazú concluyó que la defensa tuvo acceso limitado al pendrive. Por ello, resolvió revocar parcialmente la providencia del 6 de junio y ordenó fijar una nueva audiencia para el 26 de junio de 2025 a las 9:00 horas, una vez realizada la copia correspondiente del dispositivo.
Contexto del caso y próximas etapas
Kueider y Guinsel son investigados por presunto contrabando al ingresar al país con más de USD 211.102, G. 640.000 y ARS 3.900.000 sin declarar. Esta audiencia determinará si el caso debe elevarse a juicio oral y público.
Tanto el exsenador como su secretaria cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024, en Asunción, bajo vigilancia policial.
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