Adolescentes podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel en Paraguay
La Comisión de Legislación del Senado impulsa una reforma que propone aumentar la pena máxima a 10 años de cárcel para adolescentes que cometan delitos graves, como homicidios o asaltos. La iniciativa busca modificar el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente establece un tope de 8 años para este tipo de condenas.
Al mismo tiempo, existen propuestas paralelas más rígidas: algunos senadores promueven subir la pena hasta 15 años, e incluso 20 años en casos excepcionales, apelando a los niveles de violencia que se han visto recientemente en hechos cometidos por menores de edad.
Argumentos técnicos y legales
Durante el debate legislativo, representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y organizaciones especializadas advirtieron que estas propuestas podrían contravenir normas constitucionales y tratados internacionales.
La Constitución Nacional, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Además, se recordó que Paraguay se rige por las Reglas de Beijing, que promueven un sistema de justicia penal juvenil centrado en la reintegración.
Casos que marcaron el debate
La discusión tomó impulso tras el asesinato de María Fernanda Benítez, una adolescente que fue atacada en Coronel Oviedo por un joven de 17 años que ya tenía antecedentes.
Otro caso que influyó fue el asesinato de un repartidor en el barrio San Francisco de Asunción, presuntamente cometido por un menor de edad. Ambos episodios generaron indignación en la ciudadanía y sirvieron como motor político para impulsar una legislación más dura.
Visión integral del sistema juvenil
Más allá del debate punitivo, varios expertos subrayaron la necesidad de fortalecer un enfoque más integral en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley.
Advirtieron que aumentar las penas no solucionará el problema de fondo si no se desarrollan políticas de prevención, rehabilitación y justicia restaurativa. También insistieron en la importancia de evaluar cada caso de manera individual, considerando los aspectos psicosociales del menor.
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