Contraloría detecta brechas millonarias en bienes de juezas

Tres juezas de paz enfrentan advertencias millonarias por inconsistencias patrimoniales

Contraloría detecta brechas y extiende plazos para justificar bienes

La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en las declaraciones juradas de las juezas Analía Cibils, Nathalia Garcete y Liliana González de Bristot, derivadas de la auditoría tras el escándalo de la “mafia de los pagarés”.
Todas recibieron prórroga de cinco días para presentar descargos, sin garantías de que alcance para justificar las brechas detectadas.

Cibils y Garcete enfrentan montos millonarios sin respaldo

La jueza Analía Cibils, suspendida tras su imputación en el caso “mafia de los pagarés”, enfrenta graves cuestionamientos patrimoniales. La Contraloría advirtió que la observación podría agravarse si no responde con documentación.
Nathalia Garcete, también suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento, está en la misma situación: debe sustentar su patrimonio frente a gastos incompatibles con sus ingresos.

González de Bristot exhibe brecha de G. 721 millones

En su caso, la ex jueza de paz de San Roque exhibe una diferencia patrimonial de G. 721.306.161 entre ingresos y bienes registrados durante 2010–2014.
Aunque presentó descargos, el informe oficial señala “omisiones y errores de exposición” que generaron correcciones en su patrimonio.

Advertencia contralora y posibles sanciones

El organismo advirtió que estas incompatibilidades patrimoniales podrían derivar en remisión de casos al Ministerio Público o al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, abriendo la vía para sanciones penales o disciplinarias.
En paralelo, la Corte Suprema aún debe emitir su veredicto sobre la aceptación de renuncias y suspensiones, como la de González de Bristot.

Relevancia institucional y demanda de transparencia

Este proceso apunta al corazón de la credibilidad judicial, especialmente del fuero de paz.
La fiscalización actual forma parte de un esfuerzo institucional para garantizar rendición de cuentas y frenar irregularidades dentro del Poder Judicial.


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