Diputados dan acuerdo para investigar a fondo la gestión de Miguel Prieto
La Cámara de Diputados aprobó con 45 votos a favor el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló una presunta falta de respaldo documental por más de G. 42.000 millones.
La sesión extraordinaria fue convocada a pedido del Ejecutivo y contó con el respaldo decisivo del oficialismo, con el diputado Raúl Latorre encabezando el quórum que permitió la votación. De esta manera, se activó la Ley N° 317/94 que regula las intervenciones municipales.
Motivos y sustento legal
El dictamen técnico de la Contraloría General fue determinante para que la Comisión Especial de Diputados, conformada para analizar el caso, emita un informe mayoritario favorable a la intervención. La decisión generó críticas desde sectores opositores, que acusaron un trasfondo político, aunque no lograron frenar la aprobación.
Entre los argumentos expuestos, se detalló que la Municipalidad no pudo justificar el uso de los recursos públicos auditados, lo que representa una posible lesión al patrimonio público y configura causal de intervención conforme a la legislación vigente.
Acciones inmediatas y plazos
Con la aprobación parlamentaria, el presidente Santiago Peña dispone de 15 días para designar un interventor. El designado debe ser profesional en Derecho, Ciencias Económicas, Contables o Administrativas. Su misión será auditar la gestión municipal durante un período de 60 a 90 días.
Durante ese lapso, podrá examinar contratos, verificar la ejecución presupuestaria, analizar la planta de funcionarios y solicitar informes a diversas instituciones. No obstante, no podrá despedir funcionarios, aunque sí suspenderlos mientras dure el proceso.
Suspensión del intendente Prieto
La intervención implica la suspensión automática del intendente Miguel Prieto, mientras dure la auditoría. Si el informe final del interventor confirma irregularidades, la Cámara de Diputados podrá remover al jefe comunal y convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días, como establece la ley.
En paralelo, también avanza un proceso de intervención contra la Municipalidad de Asunción, donde el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez está bajo el foco por irregularidades administrativas. Ambos casos marcan un nuevo capítulo en el control político y financiero de los municipios.
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