Oficialismo recuerda límites legales y tratados ante propuestas penales
En medio del impacto social generado por el asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez, en el Congreso surgieron iniciativas que van desde bajar la edad de imputabilidad hasta aplicar la cadena perpetua. Sin embargo, desde la bancada del oficialismo en el Senado, advirtieron que esas propuestas deben respetar tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales que Paraguay tiene suscritos.
Los senadores recalcaron que el país no puede legislar al margen del marco normativo vigente, especialmente en temas que involucran a menores en conflicto con la ley.
Valiente: “No se puede hablar de cadena perpetua en nuestro país”
La senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, afirmó que la Constitución prohíbe expresamente tanto la pena de muerte como la cadena perpetua. «Les invito a que lean el artículo 4°, donde se establece con total claridad esta prohibición. No se puede hablar de cadena perpetua en nuestro país», expresó durante una entrevista en el Congreso Nacional.
Afirmó que las penas para menores deben ser discutidas desde un enfoque técnico y jurídico, y que Paraguay no puede ignorar los tratados internacionales que ha firmado, los cuales establecen límites estrictos para la privación de libertad de adolescentes.
Reinserción, no castigo, y un solo centro para menores
Valiente subrayó que el sistema penal paraguayo no se basa en castigar a adolescentes, sino en promover procesos de reeducación y reinserción social. “El sistema no se basa en sanciones para adolescentes, sino en procesos de reeducación que les permitan reinsertarse a la sociedad. Esa es la base filosófica de nuestro marco normativo”, explicó.
También recordó que actualmente el país solo cuenta con un centro de reeducación para menores: el Centro Esperanza. Esto, a su criterio, debe formar parte del análisis integral cuando se discuten políticas públicas dirigidas a menores en conflicto con la ley.
Límites legales frente a la presión social
Valiente reconoció que casos como el asesinato de María Fernanda generan una profunda indignación social, pero advirtió que ese estado emocional no puede justificar reformas impulsivas. “Tenemos que asumir la realidad: hoy contamos con un solo centro de reeducación, que es el Centro Esperanza. Eso también debe ser parte del análisis cuando hablamos de políticas públicas para menores en conflicto con la ley”, concluyó.
Desde el oficialismo, remarcaron que la legislación debe ajustarse a lo que dicta la Constitución y los compromisos asumidos por el país en el ámbito internacional.
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