Avanza investigación con pericia de celulares de juezas implicadas
El juez Humberto Otazú autorizó la extracción de datos de los teléfonos celulares de la jueza de Paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino y la ex jueza Liliana Mabel González de Bristot. Esta medida busca obtener registros de llamadas, mensajes, archivos multimedia y otros datos relevantes, incluso los eliminados, para esclarecer posibles conexiones con funcionarios y abogados imputados en la causa conocida como la “mafia de los pagarés”.
El juzgado enfatizó que se respetarán las garantías constitucionales de privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, asegurando que el Ministerio Público no exceda sus atribuciones durante el proceso de extracción de datos.
Alcance de la pericia autorizada
La autorización judicial permite la extracción de una amplia gama de datos de los dispositivos móviles de ambas magistradas. Esto incluye:
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Mensajes de texto: tanto actuales como eliminados, entrantes y salientes.
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Registros de llamadas: llamadas perdidas, entrantes, salientes y marcadas.
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Correos electrónicos: acceso a correos electrónicos almacenados en los dispositivos.
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Agenda telefónica: contactos guardados y eliminados.
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Tarjeta de memoria: datos almacenados y eliminados, incluyendo mensajes de texto y de voz.
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Archivos multimedia: imágenes y videos guardados y eliminados.
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Otros datos relevantes: cualquier otro contenido que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
El perito designado para esta tarea es el ingeniero Jorge Sebastián Riquelme Salinas.
Contexto de las imputaciones
La jueza Nathalia Garcete y la exjueza Liliana González de Bristot están imputadas por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Se les atribuye la emisión de resoluciones judiciales basadas en informes de notificación falsos, lo que habría facilitado embargos salariales sin el debido proceso.
En el caso de Garcete, se identificaron irregularidades en expedientes tramitados por las firmas Plan Urbano SA, Gestiones y Cobranzas SA y Carsa. Se señala que dictó resoluciones con conocimiento de la falsedad de los informes de notificación, violando el derecho a la defensa y el principio de igualdad en el proceso.
Por su parte, a González de Bristot se le atribuyen hechos similares en un total de 100 expedientes, incluyendo la emisión de resoluciones sin número ni fecha, tramitación de juicios ejecutivos sin documentos obligacionales y firma de resoluciones en fechas inhábiles.
Defensa y medidas cautelares
La defensa de la exjueza González de Bristot sostiene que actuó conforme a la normativa vigente y sin desviarse de los procedimientos legales. Su abogado, Mario Elizeche, cuestionó la imputación fiscal, calificándola de «genérica» y basada en supuestas omisiones que no le correspondían como jueza.
En cuanto a las medidas cautelares, se ofreció una caución real de un inmueble valorado en Gs. 800.000.000, aceptado por un valor de 200 millones. Además, se dispuso la prohibición de salida del país y la comparecencia trimestral ante el juzgado.
La jueza Garcete, por su parte, fue suspendida en sus funciones y recientemente se le otorgó libertad ambulatoria bajo una fianza de G. 200 millones, con la obligación de comparecer mensualmente y la prohibición de salir del país.
Investigación en curso
La investigación del Ministerio Público se centra en un presunto esquema criminal en los juzgados de Paz de la Capital, donde se habrían dictado resoluciones judiciales basadas en informes de notificación falsos, permitiendo embargos salariales sin el debido proceso.
Se sospecha que los implicados firmaron resoluciones que permitieron ejecutar descuentos de haberes a funcionarios públicos y jubilados sin que estos fueran debidamente notificados. En muchos casos, las víctimas ni siquiera fueron informadas del juicio, debido a la adulteración de las notificaciones.
La revisión de los dispositivos móviles de las magistradas imputadas se considera esencial para fortalecer la acusación penal y exponer el alcance de la red que facilitó el despojo sistemático de ingresos mediante resoluciones judiciales.
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