Abogado de CARSA evita la cárcel en causa de la mafia de los pagarés
El juez Rodrigo Estigarribia otorgó medidas alternativas a la prisión a Sebastián Benítez Porzio, abogado de la empresa CARSA, imputado en el marco del escándalo judicial conocido como la mafia de los pagarés.
Las condiciones impuestas incluyen la obligación de comparecer trimestralmente ante el juzgado, mantener actualizados sus datos personales, notificarse de toda citación judicial, y la prohibición de salir del país sin autorización. Además, se le exigió presentar las condiciones de dominio de un inmueble ofrecido como garantía, sobre el cual se trabó un embargo preventivo de G. 200.000.000.
Detalles del esquema investigado
Según la Fiscalía, Benítez Porzio habría instado la tramitación de expedientes judiciales fraudulentos en el Juzgado de Paz de la Recoleta. Se le imputa el delito de instigación al prevaricato y coautoría en el uso de documentos públicos de contenido falso.
El esquema involucró notificaciones falsamente diligenciadas en múltiples ciudades del país por la ujier notificadora Ingrid Prette, consignando fechas sin hora precisa y en distancias que eran materialmente imposibles de cumplir. Esto habría permitido avanzar en juicios ejecutivos sin que las partes demandadas fueran realmente notificadas.
El abogado habría aprovechado esta situación para peticionar la rebeldía de los demandados y solicitar sentencias definitivas, lo que se tradujo en 9 resoluciones judiciales en diciembre de 2023 y otras 7 en agosto de 2024, todas dictadas por el juez Víctor Nilo Rodríguez, bajo condiciones procesales cuestionadas.
Rechazo de los recursos de la defensa
La defensa de Benítez Porzio presentó recursos de reposición y apelación en subsidio, alegando que la imputación era genérica y no cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal y la Acordada 1631/21 de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el juez Estigarribia rechazó ambos planteamientos y ratificó la continuidad del proceso penal. La causa sigue su curso con fuerte atención mediática y judicial, debido al alcance del esquema y la cantidad de resoluciones presuntamente viciadas.
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