La diputada Zena rechaza acusaciones de tráfico de influencias tras incautación en frontera
El pasado 6 de mayo de 2025, funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron 105 cheques, con un valor total de aproximadamente G. 605 millones, a Gloria Oviedo, madre de la diputada Alexandra Zena, en el puesto de control fronterizo de Puerto Falcón.
Según Óscar Orué, titular de la DNIT, Oviedo habría intentado evitar el control aduanero alegando ser madre de una diputada. Este detalle generó sospechas entre los agentes y derivó en una inspección más exhaustiva. Todos los cheques eran de bancos paraguayos, sin fecha de emisión, y no fueron declarados como exige la normativa vigente para montos superiores a USD 10.000.
Ante esta situación, la DNIT abrió un sumario administrativo para investigar el origen de los valores transportados e indagar si Oviedo estaría vinculada a actividades financieras no registradas.
La versión de Alexandra Zena
La diputada Alexandra Zena aseguró que no participó del procedimiento en frontera y negó cualquier tipo de influencia o presión para liberar a su madre. Afirmó que solo dio orientación legal por teléfono y que en ningún momento se comunicó con funcionarios de la DNIT.
Zena explicó que su madre es una comerciante formal y que los cheques pertenecen a clientes como parte de transacciones legítimas. Calificó el incidente como un “error humano garrafal” y rechazó las insinuaciones de que Oviedo se dedique a la usura o préstamos informales.
Asimismo, señaló que su madre no hizo uso de su vínculo familiar con una legisladora para evadir controles, tal como se había especulado.
Investigación administrativa en curso
El proceso administrativo abierto por la DNIT busca esclarecer si la omisión en la declaración fue producto del desconocimiento o una acción intencional. También se evalúa si existe una estructura de préstamo o actividad financiera informal operada por Oviedo.
La diputada Zena expresó su plena disposición a colaborar con la investigación y sostuvo que está a favor de que todo el procedimiento sea transparente, pero criticó la exposición pública del caso y el uso político que se le podría dar.
Desde la DNIT, el director Óscar Orué ratificó que el procedimiento fue ajustado a derecho y que se seguirán todos los pasos legales correspondientes para determinar la eventual responsabilidad administrativa o penal.
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