Estructura y operaciones de la red
El juicio oral del caso “Juego sucio” entró en su etapa final con los alegatos del fiscal Luis Said, quien ratificó la acusación contra José Antonio Balboa Benítez por liderar una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba principalmente en Asunción y el departamento Central.
Según el fiscal, Balboa encabezaba un grupo compuesto por al menos 16 personas, que incluía a su pareja y otros colaboradores directos. Todos ellos, de acuerdo con la investigación, cumplían roles específicos dentro de la red, desde la logística hasta la distribución y contrainteligencia.
La organización usaba como fachada la barra brava del Club Sportivo Luqueño, con operaciones activas en Campo Vía, Julio Correa, Itá Angu’a, Laurelty, Maka’i, Encarnación y San Juan, lo que evidencia una estructura jerarquizada y territorializada para la distribución de cocaína.
Intervenciones telefónicas y vínculos institucionales
Las intervenciones telefónicas fueron fundamentales para sustentar la acusación. Estas comenzaron en febrero del 2020, con autorizaciones judiciales obtenidas a partir de reportes de inteligencia de la Senad. El analista Carlos Molas, agente especial, reportó comunicaciones claves entre los miembros de la red y validó sus contenidos ante el tribunal.
Las escuchas revelaron vínculos de Balboa con agentes de la Policía Nacional y de la Senad. En un caso registrado el 1 de junio de 2020, Balboa intervino para evitar que uno de sus operadores fuera detenido, tras coordinar directamente con uniformados. En otro episodio, ofreció información sobre un distribuidor rival, buscando eliminar competencia mediante filtraciones internas.
Roles claves dentro de la estructura
Entre los acusados figuran nombres con funciones específicas dentro del esquema. María Marta Rodríguez Vargas, pareja de Balboa, operaba como su mano derecha legal y logística. Carlos Javier Sanabria Franco, alias «Pori», estaba encargado de la zona de Luque. Jorge Fabián Maldonado Giménez, alias “Koki”, operaba en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y realizaba tareas de contrainteligencia, además de coordinar una subred de distribución.
La red también incluía a funcionarios públicos y exfuncionarios, algunos con aspiraciones políticas, lo que permitió una mayor cobertura institucional y capacidad de maniobra frente a controles oficiales.
El caso Cygnus y la fachada deportiva
La causa fue denominada “Caso Cygnus” por la Senad, práctica habitual para operaciones de inteligencia que incluyen escuchas y análisis de estructura criminal. La cobertura institucional y la fachada deportiva brindaron protección y movilidad a la organización, que utilizaba códigos como “tapaboca”, “empanada” o “gramo” para referirse a drogas y operaciones.
El tribunal, compuesto por los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez y Jazmín Cáceres, sigue escuchando testimonios y evaluando pruebas. La acusación busca probar la existencia de una asociación criminal, tenencia y comercialización de drogas, además del uso de armas conforme a la ley 4036, vigente al momento de los hechos.
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