Clan Adorno bajo la lupa por presuntas presiones al Poder Judicial

Acusaciones de injerencia política en procesos judiciales

Auxiliares de justicia denunciaron que el diputado José “Miño” Adorno y su hermano, el exintendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, estarían ejerciendo presiones sobre jueces y fiscales del Poder Judicial para favorecer a Alberto David Gauto, según publicó el medio de comunicación Cuarto Poder.

Gauto se encuentra imputado por delitos como robo agravado, daño al patrimonio e invasión de inmueble ajeno. Las denuncias apuntan a que el clan político busca desvincularlo de los procesos judiciales en los que está involucrado.

Estrategias de desinformación y presión mediática

Según el medio, el Clan Adorno estaría articulando campañas de desinformación en portales y medios aliados para condicionar la actuación de los magistrados. Estas publicaciones buscarían generar presión social, desacreditar a operadores judiciales y blindar a su protegido judicialmente.

Estas acciones fueron calificadas como un intento de intimidación indirecta al sistema de justicia, a través de recursos comunicacionales y maniobras políticas coordinadas.

Vínculos y apoyo directo al imputado

El respaldo de los Adorno a Gauto se evidenció en momentos clave. En uno de los procesos, Hilario Adorno ofreció una fianza de G. 200 millones a favor de Gauto y puso a disposición una vivienda particular para que el imputado pudiera ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

Incluso se denunció que el asesor jurídico de la Municipalidad de Puerto Casado asumió la defensa técnica de Gauto, reforzando las sospechas de una red de protección política.

Investigaciones y medidas judiciales en curso

Ante estas irregularidades, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) abrió una investigación contra las juezas María Gloria Torres Agüero y Myriam Giménez Fernández, quienes habrían dictado resoluciones favorables a Gauto en contextos dudosos.

El caso se mantiene en observación y se espera que el JEM evalúe las actuaciones para determinar si hubo faltas administrativas o compromisos que ameriten sanciones.


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