Octavo urgimiento de Kattya González ante la Corte Suprema por su investidura
La exsenadora Kattya González presentó su octavo urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se estudie su acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Senado que determinó la pérdida de su investidura el 14 de febrero de 2024.
El expediente se encuentra aún en instancias inferiores, debido a que falta designar al noveno ministro que completaría el pleno de la Corte para permitir el tratamiento del caso. Hasta el momento, la acción sigue sin análisis de fondo, pese a la presión jurídica de la recurrente.
La Corte aún no conforma el pleno necesario
La acción de inconstitucionalidad presentada por González cuestiona directamente la resolución 431 del Senado, que resolvió su expulsión. El objetivo de la exparlamentaria es que se declare inconstitucional el acto y se ordene su reincorporación a la Cámara Alta.
Según el procedimiento constitucional, se necesita que los nueve miembros de la Corte estén en funciones para tratar este tipo de acciones. Actualmente, el estudio permanece en suspenso por la falta de un integrante en la Sala Constitucional.
El dictamen del Ministerio Público respalda a Kattya
La Fiscalía General del Estado, a través del dictamen emitido por la exfiscal adjunta Artemisa Marchuk, se pronunció a favor de la exlegisladora. El Ministerio Público consideró que el Senado violó garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.
El dictamen hace énfasis en que el Senado no respetó los siete días hábiles que establece su reglamento para presentar una defensa por escrito, ni alcanzó la mayoría calificada de 30 votos que se requiere para una destitución.
El trasfondo de la expulsión parlamentaria
Kattya González fue destituida el 14 de febrero de 2024 bajo acusaciones que luego fueron desestimadas por completo por el Ministerio Público. Desde entonces, busca recuperar su banca a través del camino judicial, argumentando que su salida del Congreso fue inconstitucional y arbitraria.
La presión sobre la Corte se intensifica con cada nuevo urgimiento, y tanto sectores políticos como ciudadanos están expectantes por el pronunciamiento del máximo órgano judicial.
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