Acusaciones por lesión de confianza y asociación criminal
El juez Humberto Otazú ha programado para los días 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros 12 funcionarios municipales. Se les acusa de un perjuicio de G. 306 millones a la comuna, relacionado con la adquisición de insumos para la fabricación de panificados destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia de COVID-19.
Detalles de la acusación
Según la investigación del Ministerio Público, Prieto habría encabezado un esquema para desviar recursos municipales. Junto a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, está acusado de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Otros implicados incluyen a Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales (proveedor adjudicado), y Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal de Vanemi SA (subproveedor de Tajy), entre otros funcionarios municipales.
Proceso de licitación cuestionado
Entre marzo y junio de 2020, la administración de Prieto convocó una licitación por la vía de excepción para adquirir insumos destinados a panificados con fines sociales. Sin embargo, se alega que el proceso estuvo direccionado para favorecer a Tajy Servicios Generales, ocasionando un detrimento al patrimonio de la comuna, ya que las mercaderías nunca habrían sido proveídas ni adquiridas por la empresa adjudicada.
Perjuicio económico a la comuna
El 11 de junio de 2020, se habría generado un perjuicio de G. 306.188.500 a las arcas municipales mediante el pago a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes. Se alega que todo el procedimiento administrativo fue un montaje para desviar fondos municipales, contando Prieto con la colaboración de funcionarios de su confianza y terceros que formarían parte de este esquema.
Irregularidades en la adjudicación
Durante la evaluación de la oferta de Tajy, el Comité de Evaluación habría pasado por alto la falta de acreditación de disponibilidad de los bienes ofertados y otras irregularidades, recomendando su adjudicación a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos. Se cuestiona que, aunque fue la única empresa oferente, no se rechazó su oferta a pesar de las evidentes deficiencias que comprometían la transparencia del proceso de contratación pública.
¡Gracias por leer hasta el final!
Seguinos para más noticias judiciales y dejá tu comentario sobre este caso.
Sumate a nuestro canal de WhatsApp y recibí los casos más candentes directo al celular desde este enlace
