Denuncian falta de avances en investigación por uso irregular de fondos de almuerzo escolar en Puerto Casado
Intendente Hilario Adorno señalado por desvío de fondos públicos
Concejales de Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay, denuncian la inacción del Ministerio Público en la causa fiscal Nº 232/2023 contra el intendente Hilario Adorno Mazacote (ANR–HC). La denuncia, presentada por lesión de confianza y administración en provecho propio, se centra en el uso irregular de G. 600 millones destinados al almuerzo escolar para una comunidad indígena, fondos que según los denunciantes, nunca llegaron a sus beneficiarios.
La situación evidencia la necesidad de una intervención activa del Ministerio Público para esclarecer los hechos y garantizar que se actúe con firmeza frente al uso indebido de recursos públicos. La inacción fiscal pone en entredicho la efectividad de los controles y la lucha contra la corrupción en las administraciones locales.
Almuerzo escolar inexistente según investigaciones
De acuerdo con la rendición de cuentas de Adorno, la Municipalidad habría destinado el dinero entre 2022 y 2023 para la provisión del almuerzo escolar en la escuela de la comunidad indígena Castilla, hogar de la parcialidad Maskoy. Sin embargo, los concejales comprobaron mediante un informe del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y declaraciones de los maestros de la escuela que el almuerzo escolar nunca fue entregado.
El director de la escuela, Mauricio Cabrera, y el supervisor indígena, Rubén Encina, confirmaron que no existió ninguna entrega de alimentos por parte de la Municipalidad. Además, se constató que el municipio nunca presentó proyectos para la provisión del almuerzo escolar, evidenciando un supuesto desvío de fondos.
Relación con la Gobernación y el clan Adorno
La Gobernación de Alto Paraguay, encargada de distribuir el almuerzo y la merienda escolar, estaba bajo la administración del actual diputado José Domingo Adorno, hermano del intendente Hilario Adorno. Este vínculo genera dudas sobre el manejo de los recursos públicos y la falta de controles adecuados.
Los concejales de Puerto Casado decidieron rechazar la rendición de cuentas del intendente y denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, aunque el fiscal de la causa, Luis Amado Coronel, aún no se ha pronunciado. Este silencio fiscal subraya la urgencia de una investigación más profunda y de medidas concretas para evitar que la impunidad siga siendo una constante en casos de corrupción municipal.
Chicanas y juicio oral pendiente
El intendente Adorno enfrenta además otra acusación por haber utilizado G. 50 millones de fondos municipales para pagar la primera cuota de una camioneta de uso personal. Por este caso, está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrearle hasta 10 años de prisión.
Pese a las imputaciones, Adorno ha recurrido a múltiples chicanas jurídicas para retrasar el inicio de su juicio oral. Finalmente, la audiencia fue fijada para los días 6 y 7 de febrero de 2025.
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de intervenir de manera decidida en estos casos, no solo para garantizar justicia, sino también para enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a la corrupción en el manejo de recursos públicos.