Prima del ministro Baruja: ¿servidora pública o comerciante encubierta?

Blanca Rosa Fernández Baruja: funcionaria y comerciante

Blanca Rosa Fernández Baruja, prima del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, se encuentra en el centro de una controversia. Aunque figura como funcionaria de la Cámara de Diputados con un salario de G. 4.500.000, se la ha visto atendiendo su negocio personal en Paraguarí durante horas laborales.

Investigación periodística revela presunto planillerismo

Una investigación de radio Monumental 1080 AM, liderada por el periodista Willian Domínguez, expuso que Fernández Baruja no asiste a su puesto en la Cámara de Diputados. En su lugar, se dedica a su comercio, Koeti, en Paraguarí, en horarios en los que debería cumplir funciones públicas.

Justificaciones de la funcionaria

Al ser confrontada, Fernández Baruja intentó ocultarse detrás del mostrador. Afirmó que no está obligada a registrar asistencia ni cumplir un horario fijo, ya que está bajo el régimen F4, que le permite realizar servicios de asistencia en su departamento sin necesidad de presentarse en la oficina. Mencionó que solicitó un permiso de 15 días para cuidar a su madre y que espera la apertura de una oficina regional. Negó que su ingreso a la función pública se deba a la influencia de su primo, el ministro Juan Carlos Baruja.

Reacciones y análisis

Este caso ha generado debate sobre el uso de recursos públicos y la ética en la función pública. La situación de Fernández Baruja pone en cuestión la supervisión y control de los funcionarios estatales, especialmente aquellos con vínculos familiares en altos cargos.

La Cámara de Diputados aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso. Se espera que las autoridades competentes investiguen y tomen las medidas necesarias para esclarecer la situación y garantizar la transparencia en el servicio público.

Este incidente resalta la importancia de la integridad y responsabilidad en la administración pública, y la necesidad de mecanismos efectivos de control para prevenir y sancionar prácticas irregulares.

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