Diputados retocan la Ley contra ONG pero mantienen el control y posible inconstitucionalidad
La Cámara Baja introduce modificaciones superficiales, pero deja intacto el control sobre las ONG y la posibilidad de sanciones que podrían cerrar organizaciones críticas.
Con 47 votos a favor, 13 en contra, 2 abstenciones y 18 ausencias, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al polémico proyecto de ley que regula las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Aunque se realizaron cambios que delimitan un poco más el alcance de la ley, se mantuvo el control sobre fondos privados y la posibilidad de suspender o cerrar ONG que supuestamente incumplan con la normativa, lo que sigue generando preocupación sobre su potencial uso como herramienta política.
Cambios de último minuto y falta de debate
Las modificaciones fueron introducidas a sugerencia del Poder Ejecutivo apenas una hora antes de la sesión, sin permitir un debate adecuado en comisiones clave como Asuntos Constitucionales y Cuentas y Control. Esto generó críticas de varios legisladores, quienes señalaron que no se respetaron los procedimientos establecidos para una discusión profunda de los cambios. La diputada Cristina Villalba (ANR, oficialista) defendió el proyecto, argumentando que ya había sido «suficientemente debatido».
Uno de los artículos más discutidos es el artículo 3º, que establece el alcance de las OSFL afectadas. Este artículo excluye, de manera confusa y contradictoria, a ciertos entes internacionales, pero mantiene un estricto control sobre fondos privados nacionales e internacionales, lo que podría resultar en la inconstitucionalidad de la ley.
Denuncian falta de transparencia y uso político
El diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) fue uno de los más duros críticos del proyecto. Señaló que la ley es «evidentemente inconstitucional» y que su aprobación responde a un interés de la mayoría oficialista de utilizarla como “garrote político” para controlar a grupos críticos del gobierno. Además, comparó el actuar de la Cámara con «monos en una cristalería», indicando que se está avanzando en una ley que viola principios constitucionales como el derecho a la libertad de asociación.
«Si la Corte Suprema actúa con independencia, no pasarán seis meses para que declare la inconstitucionalidad de esta ley», advirtió el diputado González.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también expresó su rechazo al proyecto, afirmando que debería haber sido desechado completamente y discutido desde cero. «De los 17 artículos originales, solo dos se mantuvieron sin cambios, lo que deja muchas inconsistencias«, agregó Vallejo.
Control y sanciones a las ONG
Una de las principales preocupaciones que persiste es la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de llevar el registro de las OSFL, tenga la facultad de suspender actividades de las organizaciones por un período de tres a seis meses si no cumplen con la normativa. Además, la ley contempla la inhabilitación de dirigentes de las ONG por hasta cinco años en caso de reincidencia, lo que podría afectar gravemente a organizaciones críticas o independientes.
Artículo 16 y 17 de la Ley de OSFL: El artículo 16 establece sanciones como la suspensión de actividades y el artículo 17 prevé la inhabilitación de dirigentes de ONG, lo que podría dificultar la labor de muchas organizaciones en el país.
Peligroso
El diputado Raúl Benítez comento para la 1020AM: «Este proyecto es peligroso y por una cuestión interna que tiene el cartismo con alguna organización se está poniendo en riesgo una pata muy importante de la democracia que es la organización civil», atendiendo incluso a las modificaciones presentadas y la falta de estudio del mismo.
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