Exgobernador Hugo Javier será juzgado por supuesto desvío de G. 18.300 millones
Hugo Javier González Alegre, exgobernador de Central, enfrentará juicio oral y público por supuesta lesión de confianza que habría causado un perjuicio superior a los G. 18.300 millones a la institución departamental, según la acusación fiscal.
El juzgado otorgó la libertad ambulatoria al ex animador de fiestas, pero este cumple arresto domiciliario en la causa abierta por el presunto desvío de los fondos covid.
La audiencia preliminar del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre y su exdirector de Administración y Finanzas en la institución, Javier Marcelo Rojas, finalizó con la decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien elevó a juicio oral la causa abierta por el supuesto desvío de más de G. 18.300 millones de la Gobernación.
Lesión de confianza y desvío de fondos
Si bien la acusación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, ratificada por el agente Leonardi Guerrero, fue por los hechos de lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, el juzgado excluyó este último delito al considerar que no se configuraba.
Libertad ambulatoria revocada
Por otro lado, Estigarribia resolvió revocar el arresto domiciliario y ordenar la libertad ambulatoria de ambos acusados.
Sin embargo, Hugo Javier González continuará bajo arresto domiciliario en el marco de la causa penal por “obras fantasma”, actualmente en juicio oral y público.
El defensor del exgobernador, Abg. Fausto Portillo, anunció que apelará la decisión del juez, señalando diversas irregularidades en el proceso. De manera similar, el abogado de Javier Marcelo Rojas, Fernando Rojas, criticó la resolución del juez, calificándola de “mamarracho y una vergüenza”.
El esquema delictivo
Según la acusación, durante la gestión de Hugo Javier González se habría montado un esquema delictivo para desviar fondos mediante erogaciones irregulares, realizadas a través de 51 resoluciones firmadas por el entonces gobernador.
El Ministerio Público señala que de los G. 24.424.032.733 transferidos, el daño patrimonial asciende a G. 18.384.427.005.
