Senabico entrega más equipos incautados a la ANDE tras operativo contra criptominería ilegal
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) entregó a la ANDE equipos incautados durante un operativo contra una red de criptominería ilegal en Santa Rosa del Aguaray, relacionados con el robo de energía eléctrica. Esta medida se enmarca dentro de la normativa que protege el sistema eléctrico nacional y sanciona los delitos vinculados.
Equipos incautados asignados a la ANDE
El pasado jueves, Senabico formalizó la entrega de los bienes en el depósito de la ANDE, en cumplimiento de la causa penal N° 1345/24. La intervención de la criptominería ilegal en Santa Rosa del Aguaray reveló una sustracción de energía eléctrica, detectada durante una inspección técnica de la ANDE. Esta acción fue supervisada por el agente fiscal Jorge Encina, de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray, Unidad Penal N° 4.
Entre los bienes entregados a la ANDE se encuentran:
- Dos transformadores de 2.250 kVA
- Cuatro gabinetes con accesorios
- Dos contenedores con sistemas de refrigeración
- 24 electroventiladores
- 511 equipos procesadores de datos
El personal de Senabico encargado de formalizar la entrega incluyó a Rosa Capello, directora de Investigación Preliminar y Recepción de Bienes, y Mariela Pita, encargada de Convenios y Acuerdos. En representación de la ANDE estuvieron el Ing. Juan Toledo, jefe de la División de Intervenciones Estratégicas, y Óscar Chávez, jefe de la Oficina de Asuntos Penales, entre otros.
Descubrimiento de la irregularidad y procedimiento judicial
El operativo se inició tras una verificación técnica realizada el 7 de agosto en el barrio Estela Maris, en Santa Rosa del Aguaray. Durante el control, técnicos de la ANDE detectaron una derivación irregular en Media Tensión con medidor, lo que permitió el robo de energía por parte de la empresa Prosal S.A., dedicada a la criptominería. La sustracción de energía generó una diferencia de carga no registrada por el medidor, equivalente a 1.726 kW, lo que representa un daño patrimonial estimado de G. 567.000.000 mensuales.
Tras este hallazgo, la ANDE presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, amparada por la Ley N° 7300/2024, que regula la protección del sistema eléctrico y la incautación de bienes asociados a delitos. El juez penal de garantía, Agapito Núñez, ordenó el allanamiento del inmueble.
Impacto y sanciones previstas
La empresa responsable de la sustracción de energía deberá abonar el monto del daño, según lo establece la Ley 966/64. Además, los involucrados se exponen a penas de hasta 10 años de prisión por el delito de robo de energía eléctrica.
Con el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta, los equipos incautados fueron trasladados el 9 de agosto, tras el allanamiento. Esta operación se enmarca en una lucha más amplia contra el uso ilegal del sistema eléctrico en actividades delictivas como la criptominería no regulada.
