Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, enfrenta restricciones judiciales por cobro indebido de honorarios
Medidas judiciales contra Elías Godoy Torres
El juez Rodrigo Estigarribia ha impuesto medidas alternativas a la presión para Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, quien está imputado por cobro indebido de honorarios.
La audiencia, celebrada este viernes, concluyó con la prohibición de salir del país y una caución real de G 100 millones.
El magistrado destacó la sujeción total del imputado a la causa, señalando que no ha presentado incidentes contra la imputación ni la convocatoria del juzgado.
Además, Elías deberá comparecer ante el juzgado una vez al mes.
Contratación irregular en la Cámara Baja
El Ministerio Público, a través de los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, ha imputado tanto a la diputada Roya Torres como a su hijo Elías Godoy Torres por cobro indebido de honorarios.
Elías fue contratado como asesor de su madre en la cámara baja con un salario mensual de G 9.500.000, a pesar de solo tener nivel de bachillerato.
Investigaciones iniciales revelan que Elías no se presentó a su lugar de trabajo, siendo localizado en un gimnasio y otros lugares durante horas laborales mediante el GPS.
Imputaciones y perjuicio al Estado
Elías Godoy Torres ha sido imputado como autor del cobro indebido de honorarios, mientras que su madre, Roya Torres, enfrenta el mismo cargo como cómplice.
Según el Ministerio Público, existe un perjuicio patrimonial al Estado ya que no se realizó una contraprestación de servicio por parte del imputado.
Además, se cuestiona la calidad de «asesor», utilizada para su contratación sin la especialización necesaria para el cargo.
Nepotismo en el Congreso
Este escándalo de nepotismo en el Congreso fue denunciado desde el año pasado, revelando el manejo indebido del dinero público.
Legisladores contratan a hijos, parejas y personas cercanas bajo la figura de “cargo de confianza”, sin que los contratados tengan la especialización necesaria para el puesto.
Este caso destaca el brutal manejo del dinero público en las cámaras del Congreso, exponiendo una práctica recurrente de contratación irregular.
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