El juez Humberto Otazú ha sido ratificado para seguir al frente del caso del fallido proyecto Metrobús, implicando a Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
La disputa judicial se centra en una acusación de lesión de confianza, con un perjuicio económico millonario para el Estado.
Este caso se reaviva tras superar una recusación que había puesto en pausa la definición de la fecha para la audiencia preliminar.
Proceso y acusaciones
El Ministerio Público, representado por la fiscal María Estefanía González, sostiene que existen pruebas contundentes que justifican la acusación contra los implicados.
La investigación se inició con una denuncia de Ricardo Pankow en mayo de 2018.
Durante la gestión de Jiménez Gaona, de 2016 a 2018, se identificaron múltiples irregularidades en la ejecución y supervisión de las obras, desde la falta de permisos municipales hasta la ausencia de un diseño final aprobado para las obras.
Irregularidades y consecuencias
Los problemas señalados incluyen la falta de un estudio hidrológico adecuado y la aprobación del fiscalizador, lo que habría comprometido la viabilidad del proyecto.
Además, se pagaron 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que al parecer no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias.
Estas irregularidades no solo detuvieron la modernización del transporte público metropolitano, sino que también significaron un grave perjuicio económico para el país.
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