Santiago Peña, propone una enmienda constitucional que podría transformar radicalmente la estructura fiscal municipal en Paraguay.
La iniciativa busca que el 100% del impuesto inmobiliario recaudado por las municipalidades permanezca en sus arcas.
Este sería un cambio importante respecto a la distribución actual que asigna un porcentaje a las gobernaciones y a municipios con menores ingresos.
Esta medida, que surge como solución a la crisis con los intendentes por el Fonacide, promete fortalecer la autonomía local y potenciar la gestión municipal.
El desafío constitucional de la enmienda
La propuesta de Peña no es menor, ya que implica modificar el artículo 169 de la Constitución Nacional.
Este cambio requiere de una enmienda constitucional, un proceso que no es ajeno al país pero que conlleva sus propios desafíos políticos y sociales.
La última enmienda, realizada durante el gobierno de Fernando Lugo, facilitó el voto de residentes en el extranjero, mientras que un intento posterior de habilitar la reelección durante la era de Horacio Cartes fracasó ante la oposición popular.
Una estrategia de conciliación
La enmienda propuesta por Peña parece ser también una estrategia para apaciguar las tensiones con los intendentes, quienes se habían mostrado críticos con políticas previas del gobierno, especialmente en lo referente a la gestión de recursos del Fonacide y los royalties.
Al devolver el control total del impuesto inmobiliario a las municipalidades, Peña busca no solo cerrar la brecha con los jefes comunales sino también asegurar el éxito de proyectos sociales clave, como el programa «Hambre Cero».
Implicancias para el futuro
La propuesta de Peña, más allá de su impacto inmediato en la distribución fiscal, plantea interrogantes sobre el futuro de la gestión municipal y la autonomía local en Paraguay.
Al otorgar mayor control financiero a las municipalidades, se abre la puerta a una nueva era de proyectos y programas locales, con la posibilidad de una gestión más cercana a las necesidades de la comunidad.
Sin embargo, este cambio también exige una reflexión sobre la equidad en la distribución de recursos y la capacidad de las municipalidades para administrar eficazmente estos fondos adicionales.
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No dice nada el vicio colorado a la corrupción se entronizado ni ellos ya pueden entre sí