En un país donde la corrupción parece haberse arraigado en las instituciones, es imprescindible denunciar los escándalos y exigir responsabilidad a quienes abusan de su poder.
Uno de los casos más recientes que ha salido a la luz es el de la empresa de limpieza Poti en el Instituto de Previsión Social (IPS) con Id 390.340 “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS», denunciado públicamente por el Diario La Nación el 24 de Mayo de 2022, y la falta de conclusión del sumario pendiente al respecto es una muestra flagrante de impunidad.
En julio del año pasado se empezó a evidenciar un esquema de corrupción en IPS, luego de una denuncia detallada sobre la presencia de cerca de 1.500 limpiadores ficticios, contratados por empresas proveedoras cercanas a figuras influyentes.
La gravedad de esta situación fue aún mayor cuando se reveló que entre estos «limpiadores mau» se encontraban docentes, funcionarios públicos y jubilados. Estas personas fueron utilizadas para inflar la nómina de la empresa Poti, según la denuncia, sin su conocimiento ni consentimiento.
La interrogante que hasta hoy no pudo ser aclarada es ¿dónde están los controles y la supervisión que se supone deberían existir en los procesos de contratación pública? ¿Acaso estas personas no merecen ser tratadas con respeto y sobre todo justicia considerando que sus nombres fueron empleados para obtener lucro?
A pesar de las evidencias presentadas y las numerosas personas involucradas en esta red de corrupción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha dejado el sumario pendiente en un limbo preocupante.
A través de una investigación insuficiente y parcializada, la DNCP ha focalizado su atención únicamente en una sola persona, pasando por alto a los demás implicados mencionados en la denuncia original. ¿Complicidad de la DNCP?
El caso de limpiadores fantasmas de la empresa Poti contra el IPS no solo es un ejemplo de corrupción, sino también de negligencia y falta de voluntad para abordar los problemas sistémicos que aquejan a la administración pública.
Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad y tomen medidas contundentes para esclarecer este escándalo, identificar a todos los involucrados y aplicar las sanciones correspondientes a proveedores que han obrado de muy mala fe contra el Estado Paraguayo.
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