El Ministro del Interior, Enrique Riera, en conversación con Radio Ñanduti habló sobre el eventual desalojo en los Jardines de Remansito. Riera dejó en claro la posición del Poder Ejecutivo sobre la ejecución de órdenes judiciales y su determinación para cumplirlas sin excepciones.
«La posición del Poder Ejecutivo fue clara, primero decidió vetar la ley, luego instruyó para que inicien las acciones legales correspondientes y luego nos ratificó la confianza y voluntad de ejecutar las órdenes judiciales cualquiera sean ellas», afirmó el Ministro Riera.
En relación con las órdenes de desalojo, el Ministro del Interior enfatizó que no habrá diferencias en su ejecución. «En el sentido de que si hay una orden de desalojo no habrá diferencias, la orden judicial se va a cumplir implacablemente una vez que la tengamos en la mano», declaró. Esta postura subraya la importancia de la imparcialidad y la aplicación de la ley sin favoritismos.
Riera reconoció que algunos de estos problemas de ocupación de tierras son de larga data y presentan dificultades para su solución. Sin embargo, reiteró la necesidad de acatar las decisiones judiciales: «Obviamente estos son problemas de vieja data y hay dificultades para solucionar, apenas se tenga la orden judicial (se realizará el desalojo de la zona), si el juez ordena desalojar todas las hectáreas se debe cumplir». Esta declaración resalta el compromiso del gobierno con el estado de derecho.
En cuanto a la buena fe de los ocupantes, el Ministro del Interior comentó: «De la misma manera, en mi opinión es muy difícil que los ocupantes aleguen buena fe sabiendo que las tierras no son suyas, solamente en ocupantes de buena fe se puede reclamar las mejoras introducidas».
Esta observación apunta a la importancia de distinguir entre aquellos que puedan tener derechos legítimos y aquellos que no los tienen en disputas de propiedad.
En otro orden de ideas, Riera también discutió la implementación de tobilleras electrónicas como parte de un sistema de monitoreo. Reveló que existe una idea de llevarlo a cabo en un plazo no superior a los 40 días, en caso de que sea decretado.
Además, señaló la posibilidad de adjudicar dos sistemas diferentes para su comparación, lo que refleja un enfoque proactivo para mejorar la supervisión de ciertos individuos en la sociedad. La implementación de tobilleras electrónicas funcionarían como una herramienta para mejorar la supervisión y el control de la Policia Nacional.
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