El tercer intento de inicio del juicio oral y público al ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo, está programado para este jueves. Ambos están acusados de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este proceso judicial ha sido caracterizado por numerosas dilaciones y estrategias para obstaculizar el inicio del juicio por parte del matrimonio acusado.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos ha sido designado para juzgar la causa. Está compuesto por Víctor Hugo Alfieri (presidente), Alba González y Darío Báez Ferreira. Sin embargo, la inclusión del juez Darío Báez Ferreira ha generado controversia debido a su historial y decisiones pasadas.
Este juez ha sido cuestionado por su participación en un caso en el que se absolvió a Dany Durand Espínola, un exministro acusado de declaración jurada falsa. La decisión de Báez Ferreira y otro juez a favor de la absolución de Durand Espínola fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación Penal debido a la falta de argumentación en el fallo original.
Este contexto plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y la calidad del proceso judicial en el caso de Díaz Verón y Morínigo. Los intentos reiterados de retrasar el juicio y la inclusión de jueces previamente cuestionados aumentan la sensación de opacidad y politización en el sistema judicial.
En resumen, el caso del ex fiscal general Díaz Verón y su esposa Morínigo es un ejemplo de un proceso judicial con múltiples obstáculos y desafíos, incluyendo retrasos y cuestionamientos sobre la imparcialidad de los jueces involucrados. Estas circunstancias resaltan la importancia de un sistema de justicia transparente y confiable para garantizar el debido proceso y la justicia equitativa.
