El ex ministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa seguirá cumpliendo prisión preventiva en el proceso por supuesto lavado de dinero y cohecho pasivo agravado (coima), en el caso A Ultranza Py. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás rechazó la revisión de medidas.
A criterio del magistrado persisten tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación, en consecuencia ratificó la prisión preventiva que Joaquín Roa cumple desde el 5 de mayo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El abogado Gustavo González Planás, representante legal del ex ministro de Emergencia Nacional, solicitó medidas alternativas a la prisión para su cliente y ofreció como garantía un inmueble tasado en G. 768.000.000 que sumados a los tres presentados anteriormente -de G. 3.500.000.000, G. 1.396.000.000 y G. 800.000.000 , totalizan una fianza real de casi G. 7.000.000.000.
La defensa argumentó que “no existe peligro de obstrucción de la investigación pues se han llevado a cabo varias testificales sin ningún inconveniente al contrario, esta parte colabora con la investigación en el sentido de acercar las preguntas a la Fiscalía para tratar de aclarar los hechos en forma rápida, pues el señor Joaquín Roa y esta parte es el principal interesado en que avancen las investigaciones y se aclaren los hechos en la brevedad posible”, según resalta el escrito.
Por su parte el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, se opuso al planteamiento de la defensa, alegando que si bien la defensa ha ofrecido numerosos inmuebles en concepto de caución real, estos ofrecimientos no disminuyen el peligro latente de obstrucción a la investigación.
El agente del Ministerio Público agregó están pendientes diligencias de fundamental importancia probatoria para el Ministerio Público, como declaraciones testificales de numerosos funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional así como de otros proveedores que han sido adjudicados con las licitaciones que forman parte de los hechos que se le atribuyen al señor Joaquín Roa en el contexto de la conducta del cohecho pasivo agravado.
Al analizar el pedido de la defensa y la postura fiscal, el juez José Delmás consideró que no se han desvirtuado los presupuestos que hagan suponer que ya no está latente el peligro de obstrucción a la investigación que motivó la prisión del procesado del encausado, el 5 de mayo pasado, además de la existencia de diligencias investigativas pendientes.
El pasado 26 de abril los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal imputaron a Joaquín Roa en base a elementos que probarían que durante su paso por la función pública habría recibido beneficios indebidos de parte del acusado en la causa “A Ultranza Py” Alberto Koube Ayala, con quien mantendría una relación de amistad, a cambio de adjudicarle licitaciones públicas.
Por su parte Alberto Koube Ayala fue imputado en esta causa penal por supuesto soborno y lavado de dinero. La principal causa penal que afronta el empresario es la del operativo A Ultranza a cargo dely en la otra, también por presunto lavado de dinero junto con su ex esposa Patricia Noemí Rodríguez Ojeda y su hermana Fátima fiscal antidrogas Deny Yoon Pak Irene Koube Ayala.
Según la imputación del Ministerio Público en contra de Joaquín Roa, desde el momento en el que el exministro de la SEN recibió la embarcación Azimut AZ42, importada, que le habría regalado Alberto Koube, habría adoptado conductas de ocultación de este bien. Por esta razón fue procesado por presunto lavado de dinero.
Mientras Roa era ministro de Emergencia Nacional también adjudicó contratos directos a Alberto Koube que en ese entonces ya estaba siendo investigado por presuntos vínculos con Sebastián Marset, también buscado en el caso A Ultranza Py. Las adjudicaciones fueron por las sumas que oscilan entre los G. 15 mil y los G. 16 mil millones, de acuerdo a la hipótesis de los fiscales.
Supuestamente a cambio de la adjudicación, Roa habría recibido como dádiva por otorgar estas licitaciones, el lujoso yate. “La embarcación no tiene firmas certificadas en el contrato de compra y venta. Habrían presentado un contrato simulado y eso es calificado como lavado de dinero”, había explicado el fiscal Silvio Corbeta tras presentar la imputación.
