La Contraloría General de la República (CGR) informó que trece intendentes no entregaron sus rendiciones de cuentas del uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante el primer semestre, a pesar de que la documentación debía entregarse hasta el 15 de julio pasado.
De los trece intendentes en falta, nueve son colorados, tres liberales y uno aliancista. Entre los colorados, figuran Antonio Apezteguía, intendente de San Vicente Pancholo, Carlos Cantero, intendente interino de Santa Elena, y Óscar Molinas, intendente de San Juan Nepomuceno. Apezteguía había justificado su retraso debido a cuestiones personales, pero aún no ha rendido cuentas.
Otros intendentes colorados que no rindieron cuentas son Luciano Cañete de Carapeguá, Patricia Corvalán de Quyquyhó y Hugo Ayala de Cerrito (Ñeembucú). Asimismo, Milciades Caballero de Villalbín, Pablino Arévalos de Zanja Pytã e Hilario Adorno de Puerto Casado.
Es importante destacar que la administración municipal de Puerto Casado se encuentra bajo pedido de intervención en la Cámara de Diputados, junto con Ñemby y Valenzuela. El intendente Adorno está imputado por supuesta lesión de confianza debido a la compra de una camioneta con dinero municipal, registrada a su nombre.
En cuanto a los tres intendentes liberales que no rindieron cuentas, se encuentran Fabio Díaz de Juan de Mena, Derlis Martínez de Mbocayaty del Yhaguy y Mirtha Fernández de Valenzuela, quien además está acusada de lesión de confianza y asociación criminal y espera el juicio oral. El único intendente aliancista en la lista es Julio Caballero de Humaitá.
En resumen, trece intendentes de diferentes partidos políticos no cumplieron con la entrega de las rendiciones de cuentas del uso del Fonacide, lo que plantea dudas sobre la transparencia y el manejo de los fondos públicos en sus respectivas administraciones.
