El diputado de Alto Paraguay José Domingo Adorno (ANR-HC), afronta un juicio en el que se solicita el embargo de parte del salario que percibe dentro del Poder Legislativo. El legislador acumula una larga lista de antecedentes.
El denunciado José Domingo Adorno, exgobernador de Alto Paraguay y actual diputado por ese departamento, sufrirá el embargo del 25% de su salario. Esto se desprende de los documentos a los que tuvo acceso la redacción de El Paraguayo Independiente.
El embargo ya fue comunicado a la Cámara de Diputados el pasado 6 de julio, según el oficio judicial.
En concreto, el oficial de justicia Rubén Alcides Gavilán remitió el pasado 6 de julio un oficio dirigido al diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, en la que comunicaba el embargo del 25% de la dieta de Adorno hasta cubrir la suma de G. 136.600.000, más otros G. 13.600.000.
El embargo se produjo en el marco de la causa abierta por Víctor Manuel Barreto Barrios contra Adorno y que se tramita ante el juez Guillermo Riveros Florentín, magistrado del fuero Comercial.

Clan con largos antecedentes
El exgobernador de Alto Paraguay y actual diputado es cabeza de un clan que acumula mucho poder en el departamento chaqueño.
El exgobernador de Alto Paraguay, “Mino” Adorno fue denunciado ante la Fiscalía por irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República con respecto al uso del Fondo de Emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Concejales departamentales se ratificaron en la denuncia planteada por el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.
Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos. El informe agrega además una larga lista de otras irregularidades detectadas por la CGR.
El caso es manejado por el fiscal Juan Ledesma, quien hace meses tiene la causa pero no ha realizado imputación alguna.
Hermano imputado y con más denuncias
“Mino” es seguido por su hermano, Hilario Adorno, quien se desempeña como intendente de Puerto Casado. Precisamente la denuncia más reciente contra el clan apunta al jefe comunal. Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.
Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.
El intendente casadeño ya fue imputado en abril pasado por haber utilizado fondos públicos para comprar una camioneta que puso a su nombre.
Semanas atrás, el fiscal Carlomagno Alvarenga en comunicación con Radio Ñanduti comentó que el Ministerio Público volvió a convocar a concejales de Puerto Casado para ampliar detalles de la denuncia contra el intendente Hilario Adorno, ya imputado por lesión de confianza.

La mala utilización de fondos del presupuesto del año 2022 es la principal denuncia sobre la gestión de Hilario Adorno, los concejales de Puerto Casado ampliaron detalles en sus denuncias sobre un almuerzo escolar en una institución de una comunicad indígena que se presupuestó y pagó pero no se llegó a ejecutar, según declararon ante el Ministerio Público.
“Se pagó, se hizo figurar pero se efectuó el pago porque recibieron el informe que a esa institución la Gobernación le provee el almuerzo escolar, también dicen que adulteraron números de facturas”, detalló el fiscal sobre la declaración de los concejales.
Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado, está imputado por lesión de confianza. “Ahora estamos hablando de otros hechos diferentes, que de verificarse podría ser lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Se puede dar la circunstancia que dentro de esta misma causa se amplíe la investigación en relación con estos nuevos hechos”, mencionó Carlomagno Alvarenga.
Para completar el entuerto de Adorno, días atrás volvió a aparecer una denuncia en su contra por la utilización de fondos de la municipalidad de Puerto Casado para realizar refacciones a la casa particular de su madre. El pasado 14 de julio, la Junta Municipal de Puerto Casado recibió esta nueva denuncia.
La denuncia actual proviene de Rubén Villamayor, propietario de Gri-cell Comunicaciones y RV Bienes Raíces, quien alega que Adorno le solicitó muebles y electrodomésticos para su oficina en Asunción, así como reformas en la casa de su madre, y que le habría entregado cheques sin fondos por un total de G. 80 millones.
