El Estado se ajusta para ordenar sus números
El Gobierno avanzó con un nuevo paquete de medidas para apretar el gasto público. De acuerdo con lo difundido, el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía, Óscar Lovera, firmaron el Decreto N° 6120, una norma que establece medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto en el marco del Presupuesto General de la Nación 2026.
El alcance es amplio: la disposición rige para todas las instituciones públicas que dependen del PGN. La idea de fondo, según se conoció, es ordenar el flujo de la plata pública sin tocar los servicios que la gente usa todos los días.
Qué se blinda
El decreto define una lista de áreas que quedan al resguardo del ajuste. Se trata de los gastos vinculados a salud, educación, seguridad y programas sociales, en línea con el objetivo declarado de «garantizar la continuidad de los servicios esenciales». En esos rubros, la prioridad es asegurar el funcionamiento y los compromisos asumidos.
Dónde aprieta el cinturón
Por fuera de ese núcleo, la norma marca cancha. Según se informó, quedan restringidos:
- Gastos operativos en general.
- Adquisiciones de bienes no esenciales.
- Equipamiento de oficina.
- Catering y servicios afines.
- Nuevas inversiones no prioritarias.
El mensaje, en la práctica, apunta a frenar el gasto discrecional —el que no responde a una obligación inmediata— y forzar a cada repartición a ajustar el presupuesto al hueso.
Cómo se ordena el manejo de la plata
El decreto también introduce reglas más finas sobre el origen y el flujo de los recursos. La primera: dar prioridad al uso de los Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de echar mano de los Recursos del Tesoro (Fuente 10). Traducido: cada organismo debe agotar primero lo que genera por sí mismo antes de pedirle al Tesoro.
A eso se suman otras dos exigencias. Por un lado, cada institución debe presentar planes para regularizar sus compromisos con proveedores y contratistas, una manera de evitar que se acumulen deudas operativas. Por el otro, las migraciones de cuotas dentro del Plan Financiero ahora requieren autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que centraliza el control y reduce el margen de maniobra de cada repartición.
El telón de fondo
El movimiento llega en un escenario que, en otras voces del propio Gobierno, se venía describiendo con menos dramatismo. De acuerdo con declaraciones recientes del titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, «la economía está bien» y el Ejecutivo descartaba seguir operando bajo la idea de una «economía de guerra». El decreto, con su batería de restricciones al gasto, muestra que del lado de las cuentas la cautela sigue siendo la regla, más allá del tono del discurso.
Lo que el texto oficial no precisa, según la información disponible, es de qué tamaño es el ahorro esperado ni un cronograma fino para cada medida. La letra grande está clara: priorizar lo esencial y apretar el resto. La letra chica, como casi siempre en este tipo de normas, se irá viendo en su aplicación.
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