Jueza suspendida Cibils integra terna y desata críticas
El Consejo de la Magistratura (CM) incluyó en una terna para el Juzgado de Paz de La Encarnación, en Asunción, a la jueza suspendida Carmen Analía Cibils, procesada en el caso de la mafia de los pagarés y pendiente de juicio oral. La decisión generó cuestionamientos de víctimas, que denunciaron un supuesto “esquema de protección”.
Inclusión automática por mandato legal
En la sesión ordinaria del CM, realizada el 4 de mayo de 2026, se conformó la terna integrada por la jueza suspendida Carmen Analía Cibils, junto a Sonia Torres y Marcial Malfitano. Según explicó César Ruffinelli, miembro del Consejo, la inclusión de la magistrada no respondió a una votación, sino a una obligación legal.
Ruffinelli indicó que el artículo 4° de la Ley 5336/2015 establece que el Consejo debe incluir en la terna al magistrado que busca su confirmación en el cargo. En ese sentido, afirmó: “si ella fue incluida en la terna, fue incluida en contra de nuestra voluntad”.
El mismo consejero agregó que ninguno de los miembros votó a favor de Cibils y que su incorporación se dio con “cero votos”, exclusivamente por el mandato normativo vigente. También recordó que la Corte Suprema de Justicia ratificó en 2022 este criterio tras una acción de inconstitucionalidad.
Situación procesal de la magistrada
La jueza Carmen Analía Cibils se encuentra suspendida y procesada en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés. Debe enfrentar un juicio oral por prevaricato, según los antecedentes mencionados en el caso.
Hasta el momento, no existe una resolución firme del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ni de la Corte Suprema que disponga su remoción definitiva del cargo, lo que permite que continúe formalmente como titular del juzgado.
Reclamo de víctimas por “arbitrariedad”
La Coordinadora de Víctimas de la mafia de los pagarés emitió un comunicado en el que calificó como “gravísima” la decisión del CM. En el documento, señalaron que la inclusión de la magistrada constituye una “arbitrariedad manifiesta”.
Las víctimas sostuvieron que interpretar la ley como una obligación automática implica un “mandato de blindaje” y cuestionaron que una persona que debe enfrentar juicio oral integre una terna para su eventual confirmación.
Además, advirtieron que el procedimiento aplicado por el Consejo prioriza un “formalismo procesal” que, según su postura, convierte el proceso judicial en un “trampolín” para la permanencia en el cargo. En esa línea, mencionaron la existencia de un posible “esquema de protección corporativa”.
Respuesta del Consejo de la Magistratura
Ruffinelli respondió a los cuestionamientos señalando que no se trató de un formalismo, sino del “cumplimiento de la ley”. Insistió en que la falta de votos a favor de Cibils evidencia que no hubo intención del Consejo de respaldar su inclusión.
El consejero también expresó que el CM comprende el reclamo de las víctimas, pero aclaró que la decisión final sobre la confirmación en el cargo corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que deberá elegir entre los integrantes de la terna.
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