Contraloría pone bajo la lupa el patrimonio de los gobernadores
La Contraloría General de la República (CGR) decidió iniciar un examen de correspondencia de bienes a los 17 gobernadores del país, en medio de denuncias sobre supuestos malos manejos en la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. El proceso analizará el movimiento financiero de las autoridades departamentales desde el inicio de sus gestiones.
Investigación patrimonial tras denuncias por Hambre Cero
La CGR, encabezada por el contralor Camilo Benítez, ordenó verificar el patrimonio de todos los gobernadores ante las acusaciones de presuntas irregularidades en el manejo de recursos del programa Hambre Cero.
El director de Declaraciones Juradas de la institución, Armindo Torres, explicó que el procedimiento incluirá un examen detallado de los ingresos, egresos y del movimiento financiero de las autoridades departamentales.
“La revisión comprenderá un análisis detallado de los ingresos, egresos y de todo el movimiento financiero de los gobernadores”, indicó.
Según detalló, el contralor instruyó agilizar el proceso para acortar los plazos y contar con resultados en el menor tiempo posible.
Informe previsto en tres a cuatro meses
El trabajo será realizado por 20 funcionarios de la Contraloría, quienes revisarán la trazabilidad de los recursos y la evolución patrimonial de los gobernadores desde el inicio de sus mandatos.
De acuerdo con lo señalado por Torres, el informe final podría estar disponible en un plazo aproximado de tres a cuatro meses.
“Esta medida surge a raíz de las denuncias que señalan posibles irregularidades en la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas, por lo que se busca garantizar el correcto uso de los recursos públicos”, expresó.
Además de los cuestionamientos políticos, la propia Contraloría recibió denuncias dirigidas contra todas las gobernaciones, lo que impulsó la decisión de iniciar el examen patrimonial.
Tensión política por cambios en Hambre Cero
La medida coincide con un escenario de creciente tensión política en torno al programa Hambre Cero, impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña.
El miércoles pasado, la Cámara de Senadores otorgó media sanción a un proyecto que modifica la administración de los fondos del programa, retirando esa responsabilidad a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná para transferirla al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
La iniciativa fue presentada por el senador Silvio “Beto” Ovelar como respuesta a denuncias contra la gobernadora de Concepción, Liz Meza, luego de que un diputado afirmara que fondos del programa habrían sido utilizados para financiar la fiesta de quince años de su hija.
Posteriormente, la senadora Lizarella Valiente solicitó incluir también a la gobernación de Alto Paraná, encabezada por César “Landy” Torres Argüello.
Otros legisladores propusieron ampliar la medida a Guairá e Itapúa, pero finalmente la media sanción quedó limitada a Concepción y Alto Paraná.
Gobernadores cuestionan decisión del Senado
El Consejo de Gobernadores del Paraguay emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la exclusión de esas gobernaciones del programa Hambre Cero.
El organismo, presidido por el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, afirmó que la decisión se tomó sobre la base de cuestionamientos que aún no derivaron en denuncias formales ni procesos concluyentes.
“Esta determinación, sustentada en cuestionamientos y sospechas que hasta la fecha no se traducen en denuncias formales ni en procesos concluyentes, debilita el modelo de gestión descentralizada”, señala el comunicado.
Los gobernadores sostienen además que el programa cuenta con controles institucionales y que la medida podría estar vinculada al contexto político previo a las elecciones municipales.
“Preocupa que bajo el argumento de presuntas irregularidades se adopten decisiones que terminen afectando a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral”, agrega el documento.
Ranking de patrimonio entre gobernadores
Datos abiertos de la Contraloría General de la República muestran que el gobernador de Guairá, César Sosa, encabeza la lista de autoridades departamentales con mayor patrimonio.
Según las declaraciones juradas, Sosa posee bienes por G. 115.838 millones, equivalentes a unos USD 18 millones, compuestos principalmente por 31 inmuebles ubicados en distintos puntos del país.
Le siguen en el ranking:
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Freddy D’ecclesiis, gobernador de San Pedro, con G. 23.637 millones.
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Javier Pereira Rieve, gobernador de Itapúa, con G. 6.672 millones.
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Bernardo Zárate, de Presidente Hayes, con G. 6.089 millones.
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Denis Lichi, de Cordillera, con G. 5.198 millones.
En el otro extremo se encuentra el gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, con un patrimonio declarado de G. 35 millones.
El caso de César Sosa también generó debate recientemente luego de que fuera visto desplazándose en helicóptero. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, defendió al gobernador señalando que proviene de una familia con recursos económicos.
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