Superministerio: cuestionan que abre la puerta a la privatización de la ANDE
El proyecto de ley que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía generó un fuerte debate en el Congreso y entre gremios. Sectores políticos y sociales advirtieron que las facultades otorgadas a esta nueva cartera podrían derivar en la privatización encubierta de la ANDE.
Facultades del nuevo ministerio
La propuesta del Poder Ejecutivo habilita al “superministerio” a contratar generación eléctrica bajo esquemas como las Alianzas Público Privadas (APP) y la Ley de Promoción de Inversiones en Infraestructura. Según críticos, estas herramientas abrirían espacio a la participación privada en un sector considerado estratégico para el país.
El exparlasuriano Ricardo Canese aseguró que el proyecto forma parte de una estrategia oficial: “Peña vacía la ANDE, el sistema eléctrico nacional; no es que simplemente lo digamos, son los hechos”, señaló.
Vaciamiento financiero de la ANDE
Canese explicó que el debilitamiento de la empresa estatal se da por dos medidas centrales.
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Primero, la fijación de una tarifa de Itaipú de 19,28 dólares por kW/mes, superior al costo real sin deuda (8,87 US$/kW/mes). Esa diferencia implica un sobrecosto de más de 300 millones de dólares al año, monto que crecería con la demanda eléctrica.
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Segundo, el régimen tarifario aplicado a criptomineras y actividades electrointensivas, con precios menores a los fijados por la ley orgánica de la ANDE y el decreto vigente. Según sus cálculos, el perjuicio superó los 200 millones de dólares en 2024 y sería aún mayor actualmente, con más de 1.000 MW contratados.
“Estas actividades generan 700 veces (70.000%) menos empleo que el común de las demás industrias”, cuestionó.
Riesgos de privatización
De acuerdo con Canese, ambas medidas suman un vaciamiento de más de 500 millones de dólares al año, que limita la capacidad de la ANDE para ampliar la generación eléctrica. “Se debilita primero a la estatal y luego se presenta la privatización como ‘solución’, pero bajo esquemas más caros para los usuarios”, advirtió.
En este escenario, trabajadores de la ANDE también expresaron su rechazo a que el nuevo ministerio le quite atribuciones a la institución.
Privilegios y facultades cuestionadas
El proyecto de ley otorga al “superministerio” potestad de establecer privilegios (art. 7°, inc. d) y de implementar contratos con “todo tipo de fuentes de generación energética (art. 7°, inc. f)”. Según Canese, esto podría derivar en “altas tarifas para el usuario y/o elevados subsidios a ser pagados por el contribuyente”.
Llamado al Congreso
Canese sostuvo que el Congreso debería actuar en tres frentes: obligar al Ejecutivo a cumplir el Tratado de Itaipú, respetar la ley orgánica de la ANDE y asegurar que la exportación de energía se haga a precios de mercado.
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