Juez suspendido dictó resolución exprés a favor de empresa
El juez civil y comercial de San Estanislao Esteban Ramón Vázquez Gallardo fue suspendido el 30 de julio de 2025 por la Corte Suprema de Justicia debido a presuntas irregularidades en su gestión.
Horas antes de la suspensión, dictó una medida cautelar a favor de la empresa Paraguay Emprendimientos SA, autorizando el embargo preventivo de G. 424 millones y el desalojo de una propiedad en el Chaco. La firma estuvo representada por el abogado Aldo Andrés Gavilán León.
Fallo sin competencia
La resolución se emitió pese a que el juez ya había sido recusado y carecía de competencia, según denuncias.
El fallo dejó sin efecto una decisión firme y ejecutoriada de un juzgado competente en Filadelfia, Chaco.
La medida autorizó el uso de la fuerza pública contra el empresario Víctor Lameirao Silva.
Cronología de la actuación
El 29 de julio de 2025, la presentación se realizó a las 12:30. El contrato que respaldaba el pedido se firmó a las 17:30 y se ingresó al sistema judicial a las 18:00.
A las 07:00 del día siguiente, Vázquez Gallardo dictó “autos para resolver” y a las 07:48 emitió el auto interlocutorio que concedió el desalojo. A las 07:20 ya había sido recusado.
La causa figura bajo el expediente Nº 205/2025.
Denuncias y conexiones políticas
Los afectados denuncian una presunta red de complicidades entre abogados, escribanos, empresarios y jueces, con posible apoyo político.
Se menciona que el abogado Jorge Bogarín Alfonso, ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y declarado significativamente corrupto por EE.UU., patrocinó en la primera causa junto a Gavilán León, representando a Paraguay Emprendimientos SA en un juicio en el Chaco que favoreció a Silva.
Suspensión y sumario administrativo
El 30 de julio, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender con goce de sueldo básico a Vázquez Gallardo.
El ministro Manuel Ramírez Candia calificó como “grave” que el magistrado anulara una decisión de un colega de igual jerarquía en otra jurisdicción.
Se abrió un sumario administrativo y se remitieron los antecedentes al JEM y al Ministerio Público.
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