Especialistas advierten que el proyecto del Servicio Civil otorga más poder al Ejecutivo y vulnera derechos laborales
El proyecto de Ley del Servicio Civil, aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados, generó fuertes cuestionamientos desde sectores académicos y gremiales. El texto amplía la influencia del Poder Ejecutivo sobre el funcionariado público, principalmente en los procesos de evaluación, promoción y desvinculación.
El Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNA publicó un pronunciamiento donde señala que la normativa debilita la carrera administrativa, elimina garantías fundamentales y acentúa la discrecionalidad política en la gestión del empleo público.
Críticas al sistema de evaluación y desvinculación
Uno de los puntos más cuestionados es el nuevo sistema de evaluación del desempeño, que se torna vinculante para mantener o despedir a un funcionario. Las evaluaciones quedarían bajo control de los superiores jerárquicos, designados por el Ejecutivo, lo que abre la puerta a represalias, persecución y uso político del personal técnico.
Además, el proyecto no garantiza una defensa real del funcionario evaluado ni establece instancias de apelación independientes, lo que, según especialistas, viola principios básicos de estabilidad y debido proceso.
Preocupación por la institucionalidad y el acceso a la función pública
El pronunciamiento también señala que la ley debilita los concursos públicos como vía de acceso a cargos en el Estado. Se advierte que esta modificación podría fomentar designaciones arbitrarias, deteriorando el principio de igualdad de oportunidades y meritocracia.
En lugar de fortalecer el modelo de función pública con base técnica, el proyecto centraliza más poder en el Ejecutivo y pone a los funcionarios “en situación de rehén”, según la expresión utilizada por expertos.
La iniciativa está en manos del Senado
El proyecto ahora pasa al Senado, donde se espera un debate más profundo. Organizaciones civiles, académicos y sectores sindicales exigen una revisión total de la propuesta, alertando sobre el impacto que tendría en la autonomía institucional, derechos laborales y calidad del servicio público.
Por su parte, los gremios que representan a funcionarios públicos preparan acciones para manifestar su rechazo si el texto avanza sin modificaciones sustanciales.
Gracias por leer hasta acá.
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