El Dr. Miguel Ángel Cavallo fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio doloso, en grado de dolo eventual, de Maylen Analía Romero Ledesma, ocurrido el 30 de diciembre del año 2020. Para el Tribunal de Sentencia quedó probado que el cirujano sabía que la joven de 22 años podía morir durante la intervención para un implante mamario, pero aun así siguió con el procedimiento.
La sentencia contra Cavallo fue dictada esta siesta por el tribunal que preside el juez Manuel Aguirre e integran sus colegas Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz.
Además de los 20 años de pena privativa de libertad, el colegiado de sentencia aplicó la prohibición para el ejercicio de la medicina por otros 10 años para el médico cirujano Miguel Ángel Cavallo.
Maylen Romero, una bailarina y fisicoculturista de 22 años, perdió la vida durante una cirugía de implante mamario realizada en el Sanatorio Médicis de Asunción, donde el profesional galeno reservó el quirófano para una cirugía de párpados sin internación.
La fiscal Claudia Aguilera y la querellante Viviana Goralewski, demostraron en el juicio oral que Cavallo no fue asistido por un anestesiólogo para la cirugía de Maylen, y que él mismo aplicó una anestesia local a la joven.
Como la paciente se quejaba del dolor médico cirujano le suministró más anestesia, lo que provocó una reacción negativa de la joven. Cavallo fue advertido de la situación por el enfermero Dionisio Vera, pero decidió continuar con la cirugía. Para el efecto aplicó tres frascos de adrenalina a Maylen, pero la joven no reaccionaba.
El enfermero llamó al médico de guardia del sanatorio, quien alertó a Cavallo que la joven requería intubación y terapia intensiva de urgencia y que se llamara de inmediato a una ambulancia para su traslado, pues el sanatorio no contaba con UTI. Maylen llegó sin signos de vida al Sanatorio San Sebastián.
Durante la lectura del fallo, Aguirre realizó una fuerte crítica al Ministerio de Salud Pública por la falta de control de las clínicas que realizan cirugías estéticas y, haciendo alusión a los profesionales médicos, expresó que nadie está por encima de la ley.
“La falta de control de las autoridades aplicadoras de la norma es gravísima. Con la salud de la gente no se juega”, puntualizó el magistrado de sentencia.
