La fiscal Casse Giménez, actualmente suspendida de sus funciones, ha iniciado una acción de inconstitucionalidad.
Esta medida busca revocar las decisiones judiciales que inicialmente desestimaron su denuncia contra el Diputado Orlando Arévalo (ANR) y el abogado Óscar Paciello, alegando una serie de faltas al debido proceso legal y a los derechos constitucionales.
Análisis de las resoluciones impugnadas
La acción legal se centra en combatir el Auto Interlocutorio N° 111, emitido el 10 de mayo por un tribunal de segunda instancia.
Dicho tribunal, compuesto por los camaristas Delio Vera, José Agustín Fernández y Teresita Benítez, rechazó el recurso de apelación propuesto por Giménez, consolidando la decisión previa del Juez Miguel Palacios que había desestimado la denuncia.
Giménez argumenta que estas decisiones no solo son arbitrarias sino que contravienen explícitamente disposiciones del artículo 47 de la Constitución Nacional, que salvaguarda el acceso equitativo a la justicia.
La agente solicita la nulidad de las resoluciones de primera y segunda instancia, además de la suspensión de las mismas.
Implicaciones y precedentes
El caso se remonta a acusaciones serias formuladas por Giménez contra Arévalo y el senador Hernán Rivas en octubre del año pasado, relacionadas con estafa y falsificación documental, incluyendo también a Paciello en acusaciones de tráfico de influencias.
La determinación de Giménez en perseguir la nulidad de estos fallos judiciales pone a prueba la robustez del sistema judicial de Paraguay frente a alegatos de corrupción y malas prácticas administrativas.
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