Según una publicación del diario Hoy, bajo la administración del expresidente Mario Abdo Benítez, se gestó un operativo dentro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que consistió en la creación de una dependencia paralela.
Esta oficina no oficial fue establecida con el propósito expreso de investigar a Horacio Cartes y sus empresas.
Según revelaciones del Ministerio Público, esta maniobra se planeó para intensificar las investigaciones penales y socavar la influencia política y económica de Cartes.
Funcionarios que no pertenecían a la Seprelad fueron asignados específicamente para esta tarea, supervisados por Carlos Arregui, Ministro de la Seprelad, y Carmen Pereira, primero como Directora de Análisis Financiero y Estratégico y luego como Secretaria Adjunta.
Estrategia y ejecución
El diario Hoy, afirmó que la oficina operaba desde la Seprelad, donde funcionarios, ajenos a la estructura formal de la entidad y sin atribuciones legales claras, se dedicaron a compilar información sobre Cartes.
Esta recopilación de datos fue más allá de los límites normativos, involucrando a Daniel Farías Kronawetter, originalmente de Tributación y comisionado al Ministerio del Interior, y René Fernández, entonces Ministro de la Secretaría Anticorrupción.
Ambos, sin roles oficiales en Seprelad, jugaron un papel crucial en la redacción de un informe de inteligencia, que luego se filtraría a medios afines al gobierno de ese momento.
Consecuencias legales
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus colaboradores detalla cómo se utilizó esta oficina paralela para influir en la percepción pública y judicial sobre Cartes.
La viceministra Carmen Pereira, citada como la principal arquitecta del plan, instruyó que el borrador del informe preparado por Farías y Fernández se utilizase como base para un informe oficial de inteligencia.
Supuestamente, este documento incluía datos erróneos y tergiversados con la intención de perjudicar la imagen de Cartes.
Implicaciones políticas y judiciales
Este caso ha resonado en el ámbito político, evidenciando no solo las tensiones entre facciones, sino también exponiendo las prácticas cuestionables dentro de las instituciones gubernamentales.
La operación ha llevado a múltiples acusaciones contra altos funcionarios, incluyendo revelación de secretos, inducción a actos ilícitos y asociación criminal, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia.
El proceso legal en contra de Abdo Benítez y sus excolaboradores ha enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo recusaciones y chicanas legales que buscan dilatar la resolución del caso.
Actualmente, el futuro del proceso depende de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que está a punto de pronunciarse sobre la validez de las acusaciones y la continuación de la investigación.
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