Diputados aprueban emergencia en cárceles por un año

Emergencia en cárceles tras operativo Veneratio

La Cámara de Diputados, actuando con rapidez tras el operativo Veneratio, ha otorgado media sanción al proyecto de emergencia en cárceles por un año.

Esta decisión, tomada en menos de 24 horas desde su presentación, permite al ministro de Justicia, Ángel Barchini, emplear fuerzas policiales y militares para reforzar el control interno en las cárceles.

Además, se facilita la contratación de personal y la realización de licitaciones.

A pesar de la premura y las críticas por la limitación del debate, el proyecto recibió un respaldo unánime.

Nueva gestión tras declaración de emergencia en cárceles

El proyecto de emergencia en cárceles que fue aprobado, no solo se centra en la utilización de fuerzas de seguridad en las prisiones, sino que también incluye medidas para agilizar la gestión penitenciaria.

Se contempla la flexibilización en la contratación de personal penitenciario, permitiendo ciertas excepciones a la Ley de la Función Pública.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá priorizar los recursos para infraestructura carcelaria y tecnología, lo que implica una mayor inversión en el sistema penitenciario.

Debate limitado del proyecto en la Cámara Baja

La rapidez con la que se trató el proyecto generó críticas entre los diputados, especialmente por la limitación del debate.

Diputados de la oposición, como Emilio Pavón y Raúl Benítez, expresaron su preocupación por la falta de discusión y la necesidad de abordar temas más amplios, como la depuración del poder político y su relación con bandas criminales.

Diputado Raúl Benítez.

A pesar de estas preocupaciones, la votación se llevó a cabo con una mayoría abrumadora, aunque con algunas abstenciones como forma de protesta.

Repercusiones de la declaración de emergencia

El proyecto, que ahora espera la sanción del Senado, ha generado un amplio debate sobre la eficacia y las implicancias de declarar una emergencia en las cárceles.

La medida, vista como una respuesta necesaria ante la situación actual de las prisiones, también plantea interrogantes sobre la supervisión de las fuerzas de seguridad y la transparencia en la gestión penitenciaria.

La comunidad espera con interés los desarrollos futuros y las medidas concretas que se implementarán bajo esta nueva legislación.


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